El país está viviendo un ambiente tenso proclive al descontrol, debido a un coctel conflictivo, incoado por una serie de determinaciones precipitadas que perturban la institucionalidad, y vulneran principios democráticos, así como por la acumulación de problemas irresueltos, además de medidas del gobierno central -y también de las autoridades de varias regiones- que generaron resistencia en la población. Entre los principales temas de controversia están las persecuciones políticas, la tendencia a continuar con el actual sistema judicial politizado; el riesgo de designaciones abusivas de Contralor General del Estado, de la persona que asuma la Defensoría del Pueblo, y otros cargos jerárquicos, pasando por encima del ordenamiento legal. Además, el hostigamiento a alcaldes de la oposición continúa.
También hay demandas sectoriales que apelaron ya a medidas de presión, levantadas transitoriamente, pero que pueden reactivarse en cualquier momento. Inclusive ya se han anunciado movilizaciones de varios sectores, que podrían unirse para dar mayor fuerza a sus reclamos, como la decisión de Santa Cruz que demanda la derogatoria de la disposición de postergar el censo nacional de población y vivienda, o el de los gremiales que se sienten amenazados por nuevas normas aduaneras. Recodemos también que los médicos han efectuado una serie de planteamientos que el gobierno ni siquiera tomó en cuenta, contrariamente, se filtró un audio en el que, presuntamente, se conspira contra ese sector.
A ello se suma la utilización de la justicia para reprimir a políticos por el supuesto «golpe I», pese a existir evidencias que desahucian las bases de ese proceso judicial. Recordemos que ya el año pasado, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) presentó su «Informe-Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia», ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020. El documento fue enviado al Papa y al Ministerio Público. En él se establece que este proceso se llevó adelante a solicitud del entonces ministro de Comunicación de Evo Morales, Manuel Canelas, que el 7 de noviembre de 2019 solicitó a la Iglesia que colaborara en la pacificación del país. El 8 de noviembre, una comisión de la CEB se reunió con el entonces presidente Evo Morales, quien les pidió insistentemente que publique un llamado a la paz y que salió como «No más violencia en Bolivia».
Además de esa evidencia, están también los informes de Naciones Unidas y de la Unión Europea, que enviaron delegados que fueron los facilitadores del diálogo que permitió llegar a un acuerdo que hizo posible el gobierno transitorio como consecuencia de la fuga de Evo Morales y sus allegados. Pese a ello, el Gobierno actual lleva adelante acciones contra líderes políticos, asesores y otros que participaron de las reuniones de pacificación en noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en las que también participaron la Iglesia y organismos internacionales.
A propósito de esta situación, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) emitió un pronunciamiento en el que convocó a la población a participar de las movilizaciones del 21 de julio. En el documento se recuerda la lucha de toda la ciudadanía para recuperar la democracia. Señala que, así como el pueblo derrotó «a la dictadura militar en los años 80, derrotaremos al autoritarismo del MAS que trastoca el orden legal y constitucional, vulnera derechos humanos y garantías constitucionales; ataca desde su voracidad extractivista a la naturaleza, a los pueblos indígenas y a la población en general». Asimismo, el Conade dijo que se sumará a las movilizaciones del sector gremial y de salud, y pidió a la población boliviana participar en las manifestaciones programadas para el 21 de julio, que se desarrollarán en las capitales de los nueve departamentos, para rechazar el proyecto de ley 249 que fue aprobado en la Cámara de Diputados y pedir que cese la persecución política.
Mientras todo esto ocurre, el gobierno anunció que dialogará con los movilizados por el censo, pero continúan sin solución decenas de otros problemas pequeños y grandes que en algún momento volverán a aflorar. Pero el tiempo apremia porque comenzó a correr el plazo de cinco días que otorgaron las instituciones de Santa Cruz para que el Gobierno revise la decisión de posponer el censo. El Gobierno, a través del portavoz presidencial Jorge Richter, rechazó cualquier ultimátum y aseguró que «un pequeño» grupo en Santa Cruz no puede condicionar el consenso del país. Recordemos que el actual gobierno ya tuvo que retroceder frente a dos grandes movilizaciones que lograron revertir las medidas que había adoptado la actual administración, primero cuando se aprobó un código penal atentatorio a las libertades y derechos ciudadanos, y luego por la aprobación de la ley 1.386 del 16 de agosto de 2021, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que incluía riesgos para el patrimonio de los ciudadanos. Seis días de paros en varios departamentos lograron la abrogación de la ley. El presidente Luis Arce se reunirá con los alcaldes de las nueve capitales más El Alto, para buscar soluciones. Ojalá que el dialogo prospere y no se llegue a la presión social desde las calles.