Por el momento se salvó el MAS de perder su sigla por una decisión de vocales de la sala segunda constitucional.
Uno de los pocos avances en el proceso de fraude, ha sido la constatación, en una inspección técnica, de la identidad de la persona responsable de haber ordenado la interrupción de la Transmisión de Resultados Electorales (TREP), durante el conteo de votos de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
El jefe de la división Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Luis Fernando Guarachi, al concluir la inspección ocular a las dependencias del Servicio de Registro Civil (Sereci), en La Paz, con la presencia de los procesados y testigos del juicio por fraude electoral, confirmó que la exvocal del TSE Lucy Cruz había ordenado la paralización de la difusión del sistema de TREP.
Resulta que la exvocal Cruz, era la delegada de Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las investigaciones establecieron un constante flujo de llamadas telefónicas entre Cruz y gente del Gobierno durante ese lapso crítico de la transmisión de datos de las elecciones.
En realidad, el fraude se habría preparado, cuando las encuestas señalaban que el MAS no podía ganar en primera instancia, y que perdería en la segunda vuelta. El trabajo para trastocar los resultados fue precipitado y afloraron las maquinaciones, primero, presionando a los vocales disidentes a renunciar. Se logró ese primer objetivo y luego se produjo la sustitución de funcionarios claves en el Órgano Electoral, especialmente para el manejo de los equipos y control.
Finalmente, el momento del conteo de votos, y cuando los resultados eran transmitidos con una secuencia que hacía prever que no le alcanzarían los votos al MAS para quedare en el poder, se produjo la interrupción de la transmisión de datos, y la manipulación, inclusive con el ingreso en operación de equipos ajenos.
Las irregularidades fueron denunciadas por la ciudadanía y comprobadas mediante una auditoría efectuada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Como consecuencia de estos hechos, la reacción de la población indignada, precipitó la renuncia de Evo Morales, y la designación de un gobierno transitorio, en el que se inició el proceso por fraude electoral que involucra a por lo menos 30 personas, de las cuales algunas están detenidas, otras se asilaron, y la mayoría huyó junto a sus jefes. Están comprometidas en el fraude, según el proceso penal, gente del exgobierno, exmiembros del TSE y exfuncionarios de las unidades operativas del Servicio de Registro Civil (Sereci), la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y de las empresas contratadas para el apoyo digital.
Por el momento, los principales responsables son los exvocales del TSE María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.
El informe de auditoría de la OEA señala que estableció «manipulación dolosa» y «parcialidad», en el manejo de los datos de los resultados de las elecciones del año pasado. Dolo, significa fraude, estafa, timo. La Procuraduría del Estado está haciendo seguimiento del proceso y su personero señaló que hasta el momento se logró establecer que hubo fraude, y se ha señalado a los responsables. El problema radica en la Fiscalía que demora el proceso y pone trabas, inclusive, ha señalado que el informe de la OEA es insuficiente. Esta actitud corresponde con la naturaleza del sistema judicial que no está al servicio, de lo que no mancha, de la Ley.
Por ello, es necesario que el pueblo acuda a las urnas para votar por un cambio real y profundo en todos los Órganos del Estado, que permita restablecer los valores éticos en la administración de la cosa pública y de la justicia.