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jueves, marzo 28, 2024
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Nuevo embrollo judicial

Otro escandalete enloda al sistema judicial que se debate en la peor circunstancia institucional de su historia. Hace poco se celebró el Día del Juez que pasó casi inadvertido por la comunidad nacional pero que sin duda fue festejado por los jueces, y seguramente sirvió para que algunos efectúen un examen de conciencia sobre su delicada responsabilidad y su misión ética, frente a una realidad deprimente. La nueva impudicia se origina en la filtración de un audio en el que supuestamente un alto magistrado pide a un juez elaborar un fallo en el marco de un presunto acuerdo.

Hechos de esta naturaleza, de acuerdo a la percepción ciudadana, no son extraños en los estrados judiciales, lo nuevo es que trascendió la grabación de la insólita conversación. El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció una investigación. ¿Qué puede esperarse de la investigación? De hecho, ya la Fiscalía del Estado -a través de un comunicado-, niega cualquier vínculo en el caso, y anunció que se inició de oficio un proceso penal que se encuentra bajo control jurisdiccional del juzgado de Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Nº1 del Beni. De acuerdo a publicaciones, el magistrado, presunto implicado en el caso, también anunció un proceso en contra de quienes difundieron el audio o los involucrados, y descartó dejar el cargo o separarse en tanto duren las investigaciones.

Y lo concreto en el nuevo embrollo es el contenido del audio difundido mediante el portal Detrás de la Verdad, en el cual se escucha a dos personas conversar sobre el caso y que según publicaciones se trata de un juez y un magistrado. Por lo demás, frente a la enorme pila de denuncias contra jueces, fiscales, policías, abogados, conformación de consorcios de funcionarios ligados al sistema judicial, hechos de corrupción, prevaricatos, etc., este nuevo hecho viene a aumentar la carga.

Sin duda la coyuntura que vive la justicia boliviana, jalonada en medio de controversias, ilegalidad y corrupción, deja como una falla venial a la retardación de justicia, mientras se acentúan las aberraciones legales o la dependencia política, que han acabado con la credibilidad del sistema judicial boliviano. Es verdad que nunca la justicia nacional gozó de prestigio, aunque mereció los mayores esfuerzos para su jerarquización e institucionalización en los últimos años que no llegaron a buen puerto.

Actualmente la situación es insostenible, y aunque se pueda reconocer que existan honrosas excepciones de jueces probos, es imposible negar que el sistema judicial tocó fondo. Son muchas las circunstancias en las que se ha vulnerado la legalidad en el país con eufemismos y argumentos forzados, señalando que determinadas acciones podrán no ser legales, pero tienen legitimidad debido a condiciones especiales. Es necesario señalar con claridad que esta es una fácil manera de eludir responsabilidades y torcer el significado del estado de derecho. Para que algo sea legítimo debe reunir requisitos ordenados por la las leyes. Lo legítimo nace de la ley. Nada que sea ilegal puede ser legítimo. El sistema judicial del país soporta la peor crisis de su historial. Vive en la ilegalidad y actúa también en esa dirección.

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