El nuevo fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, juró ayer el cargo con la promesa de recuperar la «credibilidad» y la confianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial, que estos últimos meses ha sido muy cuestionada por la sociedad boliviana por actuaciones polémicas.
«En la gestión que inicio es una prioridad recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad con base a una voluntad transformadora, cambio de actitudes y prácticas procesales», expresó Lanchipa en su discurso.
Lanchipa aseguró que es «consciente» de las «duras críticas» y los cuestionamientos de la sociedad en la actuación del sistema judicial del país y sostuvo que se debe trabajar en una «renovada» organización que haga su labor bajo los principios de «objetividad» y «transparencia».
«Se debe trabajar en un sistema más justo, pero fundamentalmente más humano», remarcó Lanchipa.
El nuevo fiscal nombró algunos de los «retos» que debe enfrentar en este nuevo cargo como la duración prolongada del proceso penal, el abuso de la detención preventiva, hechos que quedan impunes y la sobrecarga de trabajo.
Al respecto, añadió que se debe «revalorizar» la presunción de inocencia y debe haber un «cambio de mentalidad» y de prácticas de parte de los servidores de justicia, aunque algunos tomarán tiempo.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó que su gran deseo es que la Justicia boliviana se vuelva un «modelo para todo el mundo».
Asimismo, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, que preside la Asamblea Legislativa, pidió un «renacimiento» de la Justicia y que se protejan los derechos de los ciudadanos que reclaman «rapidez y prontitud» en los tribunales.
Lanchipa reemplaza en el cargo a Ramiro Guerrero, que asumió esta labor en 2012, y asume el puesto por seis años, tras haber obtenido 116 de los 152 votos emitidos por el Parlamento boliviano para su designación.
El nuevo fiscal cuenta con 27 años de experiencia profesional, en los que fue juez y magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, entre otros cometidos.
La Justicia boliviana es cuestionada por casos como el de un médico que pasó casi cuatro años en la cárcel por la supuesta violación y muerte de un bebé, hasta que este mes salió en arresto domiciliario en un proceso aún sin cerrar pese a una serie de evidencias de su inocencia.