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sábado, septiembre 18, 2021
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OEA comienza la auditoría

Llamados a la sensatez, freno a la violencia y respeto a las normas legales es el llamado unánime de propios y extraños, tanto internamente como desde el exterior, en momentos en los que las pasiones políticas amenazan con desbordarse en todo el país, con una ciudadanía movilizada en las calles demandando legalidad y respeto a la voluntad del pueblo amenazada por indicios de un presunto fraude electoral. En ese panorama conflictivo, la Organización de Estados Americanos (OEA) inicia hoy la auditoría al proceso electoral que tendrá carácter vinculante, hecho que abre esperanzas y dudas a la vez, debido a que el organismo internacional ha dado muestras de una actitud ambivalente, ilógica y contradictoria en el caso de Bolivia.

De todas maneras, unos 30 expertos de la OEA llegaron a nuestro país para iniciar hoy jueves la auditoría al proceso electoral. Conforme al acuerdo al que llegó la Cancillería con la OEA, se efectuará una «auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre» que incluye el cómputo de votos, la verificación de las actas electorales, aspectos estadísticos, verificación del proceso y la cadena de custodia de las actas electorales. En el documento se establece además que el estado ofrecerá todas las facilidades a los expertos que realicen la auditoría. Entre otros puntos, el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Estado Plurinacional de Bolivia señala que el gobierno garantizará la correspondiente instrucción a sus autoridades para que se les brinde a los expertos internacionales el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información que el equipo considere relevante y solicite relacionado con las elecciones generales.

Uno de los puntos limita los alcances de la auditoría señalando que «se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 y las fases posteriores». Esto significa que no se tomará en cuenta la ilegal habilitación de la candidatura oficialista, ni los efectos del referendo de 2016 que rechazó la posibilidad de otra reelección de los actuales gobernantes. Tampoco se tomará en cuenta los alcances de las transgresiones legales durante la desigual campaña electoral en la que el oficialismo utilizó bienes del Estado para su campaña y entrega de obras y prebendas para ganar votos.

La misión de expertos de la OEA entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, quien lo enviará al Gobierno de Bolivia por los canales diplomáticos correspondientes. El punto 6 del acuerdo dice que «El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes». Hay también una extraña cláusula que señala que «Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo, sin necesidad de justificar la causa de su decisión, mediante una comunicación escrita dirigida a la otra parte, con una anticipación no menor a cinco días seguidos a la fecha de terminación».

Esta nueva posibilidad que se abre para defender el proceso democrático en nuestro país, sin duda conlleva responsabilidades tanto para el organismo internacional como para el gobierno boliviano y la sociedad nacional. Durante el tiempo de la auditoría es necesario que se den condiciones para un trabajo transparente, ya que, habiendo tantas denuncias y elementos sobre transgresiones, los expertos de la OEA, si se atienen a los hechos, tendrán que concluir que algo anduvo mal. Las denuncias de las irregularidades permitirán la adopción de tres eventuales decisiones. Si se trata de irregularidades y errores simplemente, se ratificarán los resultados y se confirmará como ganador de las elecciones al MAS. Si el margen de las presuntas irregularidades afectó el resultado entonces se tendrá que ir a una segunda vuelta. Pero si se comprueba fraude la única opción es la anulación de las elecciones. Mucho dependerá de la capacidad de los frentes políticos, ciudadanos e instituciones democráticas que hicieron observaciones demostrar las anomalías, de manera que la OEA los tome en cuenta.

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