La Cámara de Diputados aprobó este jueves el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, en una sesión en la que el Movimiento al Socialismo (MAS) solucionó sus diferencias internas, en medio de reclamos de la oposición que aseguró que la sesión parlamentaria fue «ilegal».
En una sesión que duró más de seis horas, la mayoría oficialista aprobó el documento y lo enviará al Senado para su revisión.
En la víspera, la bancada del MAS se reunió con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para superar las discrepancias entre el bloque «renovador» que es afín al presidente Luis Arce y los llamados «radicales» cercanos al exmandatario y líder del partido, Evo Morales.
La pasada semana los parlamentarios cercanos a Morales se opusieron a la aprobación del presupuesto argumentando que no tomaba en cuenta proyectos importantes, mientras que el bloque de Arce consideró que esa actitud buscaba perjudicar la gestión presidencial, por lo que hubo un receso para conseguir el acercamiento.
Durante la sesión parlamentaria, el diputado del MAS Héctor Arce, parte del grupo opuesto inicialmente a la aprobación del presupuesto, dijo que se decidió «apoyar y respaldar» el proyecto de ley y el «modelo económico» del país.
Críticas e incidentes
El diputado de la opositora Creemos Edwin Bazán recordó que en la sesión inicial, el PGE «fue rechazado con 68 votos» y no consideró que sea «legal» reconsiderar aquello e invocó la parte del reglamento que sostiene que solo es posible dentro de las 48 horas seguidas a esa primera decisión.
Bazán acusó a los dos bandos oficialistas de llegar a un acuerdo para «violar el reglamento» y facilitar la aprobación del presupuesto sin llegar al «fondo» de los aspectos criticados.
La diputada de la también opositora Comunidad Ciudadana Samanta Nogales expresó que con la aprobación del PGE queda descartada la existencia de fisuras en el oficialismo y que el MAS actuó en una misma línea «ilegal».
En sus intervenciones, los opositores calificaron el PGE de «centralista» aseverando que más del 80 % de los recursos se administran desde el nivel nacional de Gobierno y cuestionaron la reducción de la inversión pública y el incremento del gasto público.
La discusión parlamentaria se tornó tensa cuando Nogales acusó a su colega del MAS Juan Huanca de haberla llamado «chola de Camacho», una expresión despectiva usada contra las mujeres, sobre todo indígenas, que el oficialista empleó para vincular a la legisladora con el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Nogales llamó a Huanca «machista» y «misógino», y anunció que seguiría un proceso en la comisión de Ética para que se le aplique una sanción.
Cifras del presupuesto
El PGE consolidado 2023 supera los 35.000 millones de dólares, un 3,8 % mayor al de 2022, y de los que un 59,2 % son para el gasto corriente mientras que un 16,1 % va a gastos de capital, además de un 10,1 % y 10,8 % a las asignaciones de salud y educación, respectivamente, según detalla el proyecto de ley.
La planificación presupuestaria proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86 %, una inflación de 3,57 % y apunta a garantizar la «sostenibilidad de las finanzas públicas» y «profundizar el proceso de industrialización».
Además establece una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares en los sectores de hidrocarburos, electricidad, minería, infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, además, de la inyección de capital a las empresas públicas.