Nunca en nuestro país se adoptan medidas preventivas y se soluciona el germen de los conflictos y problemas. Solamente se actúa cuando los riesgos se tornan en peligro o se desata una crisis. Ocurre en los conflictos sociales donde se desatienden las demandas y solamente se intenta solucionar cuando se producen paros, huelgas, bloqueos y otras medidas de presión. Lo mismo ocurre con problemas tan sensibles como los accidentes de tráfico que solamente merecen acciones extremas cuando ocurren hechos dramáticos que conmueven a la gente o cuando se está en campañas proselitistas.
La oleada de accidentes con la muerte de decenas de personas ha motivado a las autoridades a adoptar algunas medidas de emergencia, como la movilización de tres mil efectivos de la Policía para que realicen controles en las carreteras. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la recurrencia de accidentes con heridos y fallecidos constituye un motivo de alarma, ya que «un 30 por ciento de muertes en Bolivia tiene que ver con hechos de tránsito» y en la mayoría de los casos con el factor humano, en realidad, eso hace que el 90 por ciento de los casos estén relacionados con fallas humanas, «son muy aislados los casos en los que son fallas mecánicas o factores climáticos los que ocasionan estos hechos», según el ministro. Anunció que ya se aplica un plan para mejorar los operativos de control tanto en terminales como en las rutas que cumplen los conductores, respuesta que irá acompañada por un anteproyecto de Ley de Seguridad Vial para implementar medidas tecnológicas.
En meses pasados, se hizo conocer una investigación de la Defensoría del Pueblo que identifica una serie de deficiencias, éntrelas que cita fallas en el control e inspecciones que deben realizar el Organismo Operativo de Tránsito y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), Viceministerio de Transportes, además de contradicciones en la emisión de licencias e incumplimiento por parte de los operadores del servicio de transporte.
Parece ser evidente que las principales causas de los accidentes efectivamente tienen que ver con la imprudencia del conductor, exceso de velocidad, incumplimiento en acatar las disposiciones de tránsito, conducir en estado de embriaguez, pero también los accidentes se producen por las vías en mal estado y fallas mecánicas, entre otros. En las ciudades gran parte de las calles están en mal estado, descuidadas o con trabajos de construcción tanto de instituciones estatales como privadas, además de invasión de las vías por comerciantes.
En lo que del año pasan de 300 las personas fallecidas en hechos de tráfico. En el informe anterior de la defensoría se señalaba que en el primer trimestre de 2019, se produjeron mil 106 accidentes, dejando 260 personas fallecidas y mil 556 personas heridas; cifras que reflejan una tendencia a la subida en relación a 2018 cuando en toda la gestión se reportaron 3.240 hechos de tránsito; 622 muertes y 4.059 heridos.
Toda medida que se adopte para garantizar la seguridad ciudadana tiene que ser bien recibida, pero es necesario que de una vez se adopten políticas de prevención antes que intentos y esfuerzos por atender los problemas cuando ya están encima y enfrentar las complicaciones con mayores esfuerzos. Recordemos que entre los principios de las políticas de prevención, se recomienda especial cuidado en combatir los riesgos en su origen.