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lunes, mayo 16, 2022
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ONU Bolivia exige investigar exhaustivamente muerte de Marco Aramayo

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exigió este viernes una investigación «exhaustiva» de la muerte del exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo, quien estuvo en prisión preventiva por más de siete años tras denunciar un millonario desfalco en esa entidad.

«Las alegaciones de malos tratos y/o tortura, así como el incumplimiento por las autoridades penitenciarias de las obligaciones de atención en salud, deben ser investigadas exhaustiva e inmediatamente», señaló la misión de la ONU en un comunicado.

Aramayo falleció el pasado martes de un paro cardiorespiratorio y luego de permanecer varios días en estado de coma por diversas complicaciones en su salud mientras estaba recluido en una cárcel de La Paz.

El exdirector del Fondo Indígena, que ocupó el cargo de 2013 a 2015, llevaba más de siete años bajo arresto preventivo sin sentencia por el polémico desfalco de diez millones de dólares a esa entidad durante el Gobierno del entonces presidente Evo Morales, luego de que él mismo denunció la malversación y fue el único procesado por este caso.

En 2016 Aramayo denunció que la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, autorizó el millonario desembolso en transacciones que fueron a cuentas particulares.

La oficina de la ONU lamentó que Aramayo, desde que fue detenido en 2015, «peregrinó por varios centros penitenciarios, presuntamente sufriendo malos tratos e incluso actos de tortura».

En ese sentido, recordó que el Estado de Bolivia «tiene la obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia. Las Reglas Mandela 24 y 25 establece que personas privadas de la libertad deben ‘gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior’ sin discriminación y con atención particular cuando tengan necesidades de salud especiales».

Aramayo enfrentó también más de un centenar de procesos judiciales por acusaciones de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, todos sin sentencia.

Asimismo, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU instó al Estado boliviano a que «deben investigarse las eventuales irregularidades del aparato judicial y violaciones al debido proceso que se hayan podido cometer en este caso».

Reforma a la justicia

Este caso reafirmó los llamados a que se adelante de manera urgente una reforma judicial, un tema pendiente en Bolivia desde que el mismo presidente Luis Arce la planteó a finales de 2020.

«Las personas responsables deben ser sancionadas, la familia compensada y se deben tomar medidas, como la reforma estructural de la Justicia, incluyendo el sistema penitenciario, para garantizar la no repetición de estos casos», indicó la ONU.

A la exigencia de la ONU se sumó uno de los principales investigadores de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, quien escribió en su cuenta de Twitter este viernes que «es crucial una investigación independiente del caso de Marco Aramayo. No se puede permitir que se repitan abusos como los que él sufrió».

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, salió al paso de las críticas que ha recibido el Gobierno por este caso y señaló que la justicia «no ha sido humana» y consideró que «no es admisible que una situación como esta se vuelva a producir en el país».

El Fondo Indígena, creado en diciembre de 2005, fue impulsado cuando Morales asumió la Presidencia del país, en enero de 2006, para financiar y apoyar proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

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