El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) expresó este viernes su preocupación por la manera en la que se han aplicado los tipos penales de sedición y terrorismo en Bolivia tanto en el Gobierno interino de Jeanine Áñez, encarcelada por el caso llamado «golpe de Estado», como en la actual Administración de Luis Arce.
Una reunión del CAT en Ginebra abordó la situación en Bolivia y los avances en las recomendaciones que esa instancia brindó tras la crisis de 2019 que para las autoridades bolivianas fue un «golpe de Estado» y para la oposición, el resultado de un fraude electoral en los fallidos comicios generales de ese año.
El relator del CAT, Claude Heller, mencionó que es «fundamental» que «todos los delitos graves y violaciones a los derechos humanos» cometidos en 2019 «tienen que ser objeto de una investigación exhaustiva» y los responsables sancionados «conforme a ley» y «pleno respeto al debido proceso».
También consideró «fundamental» la reforma del sistema judicial que es un aspecto «esencial» de las preocupaciones del comité, lo que implica revisar la legislación vigente en Bolivia en tipos penales como terrorismo y sedición que «han sido esgrimidos en acusaciones en contra del Gobierno de Evo Morales como posteriormente en contra de la que fue presidenta interina» Áñez.
Heller abordó otros temas referentes a la crisis de 2019 como «racismo y discriminación» hacia la población indígena, a la que se vinculó con el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), «la irrupción de una ideología religiosa asociada al movimiento de oposición al Gobierno» de Morales, la «intolerancia cultural» y los ataques de «grupos organizados».
«Quisiéramos saber si dichos actos han sido perseguidos judicialmente bajo la legislación vigente», consultó Heller a los representantes del Gobierno boliviano.
Medidas del Gobierno boliviano
El viceministro boliviano de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, presente en la reunión, dijo que el Gobierno trabaja en las «modificaciones normativas» que es uno de los pilares de la reforma judicial para «considerar» la pertinencia de tipos penales como sedición y terrorismo.
«Estamos trabajando y vamos a tener resultados» y tenemos «el compromiso del Estado boliviano respecto a los tipos penales», recalcó.
Siles aseguró que desde el Gobierno «no vamos a permitir impunidad, no vamos a negociar con los que han discriminado», que se van a «impulsar los procesos que se han iniciado» y reabrir aquellos que se han cerrado «respetando el debido proceso», para lo que se trabaja en un censo de víctimas y otro de procesos judiciales.
En los próximos días se darán «noticias alentadoras» sobre la reforma judicial, incluida la reactivación del Consejo Nacional de Derechos Humanos y que el esclarecimiento de los sucesos de hace dos años se mueve con los criterios de «memoria, verdad y justicia», manifestó.
Esperanza de defensa de Áñez
Los abogados de la expresidenta interina Áñez manifestaron la esperanza de que el CAT se pronuncie sobre los cargos de sedición y terrorismo por los que inicialmente se la procesó para conseguir su libertad tras casi nueve meses de reclusión.
«Esperamos que el Comité contra la Tortura realice un pronunciamiento a la brevedad posible y en el marco de ello, obviamente pueda tener Jeanine Áñez su libertad», declaró a Efe el abogado Alaín de Canedo.
Áñez fue encarcelada preventivamente en marzo pasado acusada inicialmente por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por una denuncia presentada por una exdiputada del MAS por los sucesos de la crisis de 2019.
Una primera determinación judicial establecía que Áñez estaría recluida por cuatro meses, pero luego el plazo se extendió a seis y luego otros seis meses más cuando se ampliaron cargos por incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución en el caso llamado «golpe de Estado II».
El Gobierno de Bolivia considera que Áñez llegó al poder a través de un «golpe de Estado» y no por sucesión Constitucional en su condición de segunda presidenta del Senado tras la renuncia de Morales y la dimisión masiva de las autoridades en la línea de sucesión.