La oposición venezolana ha acelerado el paso en su afán por desconocer la legitimidad del jefe del Estado, Nicolás Maduro, al usar el control que tiene en el Parlamento para designar a un representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano que tampoco reconoce al presidente.
De esta forma, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) comenzó a asumir competencias exclusivas del Ejecutivo, tal y como había dicho que haría, en vista de la «usurpación» de la Presidencia de la República, algo con lo que espera acabar sin que hasta ahora haya una forma clara de hacerlo.
Los diputados acordaron «designar» a Gustavo Tarre Briceño como «representante especial» ante la OEA, «con el propósito de coordinar con esa organización las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional» en Venezuela.
La declaración aprobada también indica que debe enviarse «una comunicación», para que tome «debida nota del presente acuerdo», al secretario general de la OEA, Luis Almagro, un confeso detractor de Maduro que además se dirige al líder de la Cámara, como «presidente interino» de Venezuela.
Esta misma jornada, los legisladores aprobaron otro documento que acuerda la permanencia del país en la OEA, y contraría así el proceso que inició el Gobierno de Maduro para abandonar el ente de integración regional, al que acusa de ser un «ministerio de las colonias» que defiende solo a Estados Unidos.
El texto legislativo recuerda que, si bien es competencia del Ejecutivo designar embajadores y jefes de misiones diplomáticas, «como consecuencia de la ruptura del orden constitucional», al usurpar Maduro la Presidencia, «esas normas han dejado de aplicarse».
Aunque el jefe del Estado juró este mes su segundo mandato que lo mantendrá en el poder hasta 2025, y los jerarcas de los otros poderes públicos están de su lado, el Parlamento no reconoce su legitimidad por haber obtenido la reelección en unos comicios igualmente cuestionados por buena parte de la comunidad internacional.
En este sentido, los diputados declararon el día 23 de enero como un «hito en la recuperación de la democracia», horas antes de que llegue ese día en que el antichavismo planea epopéyicas manifestaciones de rechazo contra el Gobierno de Maduro en Caracas y en los 23 estados del país.
La AN acordó «exigir como hace 61 años el cese de la usurpación de un gobierno ilegítimo e inconstitucional» en alusión al 23 de enero de 1958 cuando cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
En la víspera de esa jornada, en la que el oficialismo también prevé marchar en el este y oeste de Caracas para respaldar al presidente, se pronunciaron el fiscal general, Tarek William Saab; la Iglesia Católica; y el propio Maduro.
Saab reiteró durante una entrevista en el canal privado Globovisión que no permitirá que se reediten hechos violentos como los ocurridos en las olas de manifestaciones antigubernamentales de 2014 y 2017 que se saldaron con cerca de 200 muertos.
Por su parte, los obispos pidieron a los policías y militares del país, en un comunicado que se divulgó este martes, que «protejan» a los manifestantes y «respeten con un sentido cívico ante las demandas de sus derechos».
Con todo, Maduro destacó la «disciplina, cohesión y preparación» de las Fuerzas Armadas, que ayer no se plegaron a la sublevación de un grupo de militares que llamaba a desconocer su mandato, y aplacó la revuelta sin causar heridos ni bajas.
El Gobierno chavista acusó también al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, de haber ordenado actos violentos en Venezuela y aseguró que para la marcha opositora que se prepara para mañana ha ordenado crear «falsos positivos».
Las declaraciones de los actores políticos venezolanos se produjeron luego de una madrugada en la que se registraron unas 30 protestas en varias barriadas caraqueñas, todas para rechazar al Gobierno de Maduro, y algunas de las cuales terminaron en hechos violentos sin que hasta ahora haya un balance oficial de daños o heridos.