La oposición venezolana comenzó a alistar el marco jurídico para un eventual Gobierno de transición en el país al aprobar desde el Parlamento, donde es mayoría, un proyecto de Ley que entrará en marcha una vez el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, se aparte del poder.
La herramienta, llamada Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, fue aprobada por la mayoría opositora del Legislativo y dispone, entre otras cosas, la duración de un Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas.
El texto establece que deberán ser convocadas elecciones antes de los doce meses de haber sido instalado el Gobierno de transición y que deben ser renovados los poderes públicos, incluido el electoral, para hacer efectivo el llamado a comicios.
Además, la ley faculta al Parlamento para asegurar «el ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio», una clara alusión al levantamiento de la inhabilitación política que recae sobre varios líderes opositores, entre ellos el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles.
También le otorgará competencias para dictar leyes que permitan atender la «emergencia humanitaria» que asegura el antichavismo padece Venezuela, y promuevan el rescate de la economía del país, que según la misma Cámara ha perdido más de la mitad de su volumen desde 2013.
El texto se desgrana en 6 capítulos y 40 artículos, 4 más de los iniciales, una vez que fueran agregados los que autorizan al Legislativo para conformar la directiva de la petrolera estatal Pdvsa y sus filiales, controlar activos recuperados, establecer una «gaceta» informativa y resolver todo lo que no haya previsto el estatuto.
El Parlamento también debatió sobre la ayuda humanitaria que ha pedido para Venezuela y explicó que se encuentra coordinando el ingreso al país del primer lote de este apoyo, pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro que ha calificado esto de «limosna».
Estas primeras donaciones provienen de empresas con capital venezolano en el extranjero, del Gobierno colombiano y de Estados Unidos, según explicó el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria.
El parlamentario detalló que el Legislativo no hará entregas directas a los necesitados sino que coordinará el traspaso de las donaciones hechas por Gobiernos y empresas a las ONG que serán las que asignen las ayudas.
«La ayuda humanitaria no es una limosna. Es una necesidad urgente en nuestro país, de cientos de miles de venezolanos que no tienen alimentos, ni medicinas», dijo el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien hace dos semanas se autoproclamó mandatario encargado del país y cuenta con el respaldo y reconocimiento de numerosos países.
El líder opositor pidió, en ese sentido, a quienes resguardan las fronteras desacatar órdenes que busquen afectar el ingreso de estos productos y apuntó que cuando llegue el momento del ingreso de estas donaciones presentarán ante el Parlamento la metodología de entrada, las cantidades y los destinos de esos productos.
Entretanto, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, un foro no reconocido por la oposición ni por diversos Gobiernos del mundo, avanzó en la advertencia de llamar a nuevas elecciones para sustituir al Poder Legislativo y nombró a una comisión especial para hacer una consulta a la población sobre esta convocatoria.
El presidente de este organismo, Diosdado Cabello, que ha venido amenazando con esta convocatoria desde hace meses, fue enfático al pedir que la consulta se realice «a la brevedad posible».
«(En) esto no debería haber ningún problema porque ya aquí hemos hecho elecciones para gobernadores, alcaldes (…) y hemos escuchado que la oposición ha pedido elecciones. Creo que es una forma de complacer a la oposición», dijo Cabello.
La oposición venezolana clama por la celebración de elecciones presidenciales «libres» y «justas», pues consideran un fraude el proceso electoral celebrado en mayo pasado por el que resultó reelegido Maduro.
El gobernante venezolano es tachado por la oposición como un «usurpador» y ante ello el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció que se adjudicaba las funciones del Poder Ejecutivo como presidente encargado.
Precisamente, Guaidó dijo este martes que adelantar los comicios para renovar el Parlamento «sería una torpeza» y «un suicidio político» para Maduro, quien apoya el llamado a comicios, pero que a su vez, llama a un diálogo político.
Sin embargo, la oposición ha condicionado el diálogo al «cese de usurpación» de Maduro.