Los parlamentarios de Creemos enviaron «información adicional» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el pedido de «medidas cautelares» que hicieron a favor de su líder y gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis política en 2019.
El partido opositor informó este martes que envió una nota al secretario general de la CIDH, Jorge Meza, en la que manifiesta que cuenta con «la conformidad de los familiares» de Camacho para encarar las gestiones «para asegurar la protección de su vida, integridad y seguridad».
Asimismo, la agrupación política informó «con carácter urgente» sobre el «grave estado de salud» en el que se encuentra Camacho por una descompensación que sufrió hace unos días en prisión debido a «torturas y tratos crueles» además de «las enfermedades de base que padece».
Los familiares y abogados de Camacho manifestaron que sufre de un síndrome que «afecta sus vasos sanguíneos» por lo que necesita tratamiento médico especializado en un centro de salud.
En la carta a la CIDH, se menciona que «el trato cruel» y la «omisión de atención de salud especializada» por parte del Gobierno llegan a conformarse en «presupuestos» para el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas al organismo.
Por su parte, el Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario ha manifestado que la salud de Camacho es «estable» y que es posible que reciba su tratamiento «con todas las facilidades» en la misma cárcel.
Las autoridades penitenciarias también aseguraron que «en ningún momento» se impidió la administración de los medicamentos que necesita y que además se autorizó que un familiar próximo lo acompañe en las noches.
El fin de semana Camacho, mediante una carta manuscrita, dijo que si a causa de su enfermedad u otros factores llega a morir, esto sería responsabilidad del presidente del país, Luis Arce.
La Policía detuvo a Camacho el pasado miércoles y activó un operativo para trasladarlo de Santa Cruz a La Paz por una acusación de terrorismo relacionada con el caso «golpe de Estado I» iniciado a instancias de una denuncia de una exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS).
El oficialismo sostiene que en 2019 hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que los opositores aseguran que la renuncia de Morales a la Presidencia fue consecuencia de las protestas ante las denuncias de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Un juez dictó cuatro meses de prisión para el gobernador cruceño en un penal de máxima seguridad a 35 kilómetros de La Paz y a casi 4.000 metros de altitud, en el altiplano del país.
A raíz de esto se han producido varias protestas con enfrentamientos en Santa Cruz entre los partidarios de Camacho que piden su libertad y la Policía.