Líderes opositores y plataformas ciudadanas contrarias al Gobierno de Luis Arce demandaron este martes una reforma judicial para garantizar la imparcialidad de las investigaciones de las violaciones de derechos humanos ocurridas en 2019 y reportadas por el grupo de expertos de la CIDH en un informe presentado en esta jornada.
Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se manifestaron en ese sentido tras conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019 en Bolivia.
«Coincidimos y respaldamos el informe del GIEI: la reforma del sistema judicial y fiscal y el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso en los casos que deben juzgarse», escribió Mesa en Twitter.
El exmandatario, que lidera a la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), también consideró que los jueces y fiscales están «sometidos» al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y «no son confiables ni imparciales».
En la misma red social, Quiroga señaló que leerá «cuidadosamente» el informe para dar su opinión, aunque coincidió en que las «investigaciones derivadas necesitan una justicia independiente en Bolivia, en lugar de la actual guillotina azul», en alusión al color que identifica al MAS.
También en Twitter, Camacho manifestó que el informe «es claro» y señala que los muertos y las violaciones a los derechos humanos «empezaron en el Gobierno de Evo Morales y concluyeron» en la gestión transitoria de Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo.
«Si Jeanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado», opinó Camacho, que antes de ser gobernador lideró las protestas cruceñas contra Morales en 2019.
Partidos y justicia
El partido de Camacho, Creemos, junto a CC y el Conade emitieron un pronunciamiento conjunto en el que sostienen que a partir del informe se infiere que para llevar adelante investigaciones y sancionar a los responsables de estos sucesos, «el cambio de operadores fiscales y judiciales» es «imprescindible».
«El sistema judicial no cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia e idoneidad para encontrar la verdad e imponer recta justicia como condiciones para una paz verdadera», señala el manifiesto.
Para estas organizaciones, el reporte del GIEI confirma que el origen de la violencia desatada en 2019 es la «desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder».
Una de las principales conclusiones del informe de los expertos enviados a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que en el país hubo «graves violaciones a los derechos humanos» durante la crisis social y política en el último trimestre de 2019.
El GIEI consideró «fundamental» avanzar en las investigaciones y procesos por esos sucesos, aunque también advirtió sobre «serias deficiencias» del Estado boliviano para garantizar la «independencia y autonomía» del órgano Judicial y la Fiscalía.
El grupo aclaró que su informe no entró a la cuestión de si hubo fraude en los fallidos comicios de 2019 o un golpe de Estado contra Morales.
Pese a ello, el presidente Arce consideró que el documento sí confirma que en Bolivia hubo un «golpe de Estado» y Camacho sostuvo que no lo hubo pues el informe menciona que se produjo un «vacío de poder».
Por su parte, la Fiscalía boliviana anunció una «comisión extraordinaria de análisis» para implementar las recomendaciones del GIEI.