Las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos manifestaron su repudio a las «acciones autoritarias» del Gobierno de Daniel Ortega ante la situación de «persecución» y detenciones contra sus detractores en Nicaragua.
Los diputados José Ormachea, de CC, y Erwin Bazán, de Creemos, leyeron en representación de sus partidos un comunicado conjunto en el que dan a conocer la posición de ambas fuerzas «ante la persecución dictatorial que sufre el pueblo nicaragüense» por parte del Gobierno de Ortega, al que calificaron de «autoritario».
«Queremos manifestar nuestro repudio y condena a las acciones autoritarias del Gobierno de Nicaragua contra quienes no piensan como ellos», señala el pronunciamiento.
Los opositores señalan además que han seguido «con atención y preocupación» la «persecución, hostigamiento y detenciones masivas» contra la oposición nicaragüense en las últimas semanas.
También denuncian que en Bolivia se comenzó a vivir «una situación similar» con el Gobierno de Luis Arce, algo que también se vio durante la Administración de Evo Morales, por lo que manifiestan su solidaridad «con la lucha del pueblo nicaragüense por vivir en democracia y libertad, así como lo busca el pueblo boliviano».
Creemos y CC comprometen su respaldo «en instancias tanto nacionales como internacionales» para denunciar y poner en evidencia las «violaciones de derechos humanos fundamentales» que están sufriendo y aseguran que «el pueblo democrático boliviano» está en «estado de alerta» ante la «dramática situación» en ese país.
CC es liderada por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y Creemos por el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz.
Desde el 18 de mayo pasado, las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica a dos partidos opositores y han aprehendido a cinco aspirantes presidenciales, a otros tres políticos, dos empresarios, un periodista y seis dirigentes de un movimiento político fundado por disidentes del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluidos dos combatientes históricos y antiguos compañeros de lucha del mandatario.
Las detenciones se han dado a menos de cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega busca ser reelegido por cinco años más, y ante una creciente presión internacional que no ha frenado la ola de detenciones de disidentes.
Morales es aliado político de Ortega, mientras que la Administración de Arce votó en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenó la represión en Nicaragua, el acoso a activistas y cooperantes con la ONU y pidió al Gobierno de Ortega que permita las protestas pacíficas contra el régimen.