Después de asumir el mando de la nación el gobierno de Luis Arce dio algunas señales de austeridad, tolerancia y de su intención de gobernar para todos los bolivianos. Inclusive lanzó el mensaje de que los organismos de seguridad del Estado tienen que cumplir su misión institucional sin injerencia política partidaria. Parecía que la nueva administración del país alentaba esa idea, contraria a lo que desgraciadamente ocurrió en los pasados 14 años, cuando ha habido una permanente intromisión política que ha intentado convertir a los brazos armados del país en instrumentos partidarios.
Pero es lamentable que nuevamente se busque comprometer a las Fuerzas Armadas y a la Policía con la política del gobierno. Primero se conformó un alto mando policial sin respetar la institucionalidad. Luego se designaron interinamente a los jefes militares, obviando las expectativas jerárquicas. Ahora, en una sesión reservada, sin debate, sin proporcionar la calificación de los uniformados y por votación nominal, la mayoría oficialista en el Senado aprobó el ascenso de militares, «valorando», además de sus méritos, su «compromiso patriótico», según el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Miguel Pérez. Publicaciones de prensa señalan que el senador oficialista justificó la decisión señalando que «Aquella gente que ha sido ‘meritocrática’, quienes cumplen los años de servicio y quienes también están con el compromiso patriótico. No vamos a poner a quienes en su momento fueron oportunistas, quienes no brindaron la seguridad del Estado en su momento», dijo el senador de acuerdo a publicaciones en diferentes medios.
Por una parte, es lamentable que los compromisos políticos o patrióticos tengan mayor valor en los asensos, pero por otra, ya sea por sinceridad o por indiscreción de un parlamentario, el pueblo puede conocer las intenciones de volver a politizar a las instituciones de seguridad del Estado. Se trata de un lamentable retroceso después que militares y policías mantuvieron su rol constitucional. Es oportuno recordar los funestos desenlaces provocados por la politización. Un denominador común de los golpes de Estado que asolaron América Latina en el siglo pasado, ha sido la injerencia política en las Fuerzas Armadas y la Policía. Partidos políticos que tocaron las puertas de los cuarteles, militancia en los altos mandos e intromisión extranjera, han sido los medios para la introducción de ideologías, en unos casos socializantes, en otros casos anticomunistas, pero siempre radicales, que han marcado a fuego la vida de gran parte del continente. La guerra fría incorporó su componente ideológico, y de acuerdo a las tendencias y los liderazgos, se han producido golpes de Estado de derecha o de izquierda. La respuesta ha sido el surgimiento de grupos paramilitares, guerrilleros urbanos y rurales, que aleccionados ideológicamente y financiados por las dos corrientes protagonistas centrales de la guerra fría, EE.UU. y la desaparecida URSS, desataron golpes y contragolpes que desangraron al continente.
Esta ha sido una corriente de ida y vuelta en la que los ejércitos de varios países latinoamericanos cayeron en la ideologización y militancia política, con consecuencias desastrosas, que en muchos casos traspasaron fronteras para armar conspiraciones internacionales como el Plan Cóndor, que afectó a Chile, Argentina y Bolivia. Uno de los países que más sufrió por los golpes militares ha sido Bolivia. Miles de muertos, heridos, presos políticos, exiliados y desaparecidos es el resultado del experimento que se cortó el 10 de octubre de 1982, cuando los militares devolvieron el poder a los civiles, y desde ese momento se comenzó a construir el proceso democrático que ha costado tanto dolor y luto a los bolivianos. La recuperación de la democracia y el sometimiento de los militares al poder civil ha sido producto de una larga lucha del pueblo boliviano.
Desgraciadamente, durante el gobierno de Evo Morales se volvió a la decisión de ideologizar al brazo armado del país. Efectivamente, Morales en varias oportunidades instó a los comandantes castrenses a «ideologizar» a las Fuerzas Armadas con una visión anticolonialista y antiimperialista. El año 2014 fue más allá y ya calificó como socialista a la institución armada. Felizmente, pese a algunas declinaciones de jefes militares, como institución se respetó el mandato de «asegurar el imperio» de la Constitución Política del Estado, que en su Art. 245, dispone que «la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional, no realiza acción política…»
Es muy prematuro para valorar el criterio del actual gobierno frente a las Fuerzas Armadas y la Policía, pero hay señales inciertas. Hay preocupación por represalias contra policías, antagonismo hacia los militares que recibieron ascensos a despecho de la Asamblea Legislativa, y cambios que no responden a los principios de las normas institucionales. Pero al mismo tiempo, despertó esperanza la posición expresada por el presidente Luis Arce, cuando posesionó al coronel Máximo Jhonny Aguilera M., como nuevo Comandante General de la Policía Boliviana. Entonces planteó iniciar un nuevo ciclo de reinstitucionalización bajo los principios de disciplina, dignidad, institucionalidad, y combatir la corrupción interna. Lo alentador fue que Arce dijo que «no debemos tener una Policía politizada ni tampoco una Policía que sea un instrumento de persecuciones al que piensa diferente, al que opina diferente, sino una policía institucionalizada». Lo lamentable es que en los hechos está ocurriendo todo lo contrario y la presión política, y la represión político-judicial se acentúan.