Es difícil comprender lo que ocurre en el sistema judicial en Bolivia, y más aún la complicidad para mantener esta situación, pese a los sólidos fundamentos nacionales e internacionales sobre la necesidad de una profunda reforma de la justicia. Solamente cuando se revelan hechos dramáticos que conmueven a la ciudadanía, el tema vuelve a surgir con reiteraciones de un consenso para una verdadera transformación jurídica en la que todos están de acuerdo, pero que deliberadamente se la demora o elude, pese a ser una responsabilidad crucial, que no admite más de moras. De continuar la indiferencia oficial sobre lo que ya es una tragedia nacional, tarde o temprano va a derivar en desenlaces de imprevisibles consecuencias. Lo que está ocurriendo es real, y le puede pasar a cualquier ciudadano.
El fallecimiento del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, ha generado indignación, ya que ha sido víctima de los retorcidos manejos políticos en la Justicia. La magnitud de este caso motivó que varias instituciones apoyen la iniciativa del abogado defensor para llevar esta causa a la justicia internacional. La defensa pidió que se investigue la forma en que Aramayo fue tratado durante los siete años de encierro en varios recintos carcelarios, y que se establezca la responsabilidad tanto de parte del Órgano Judicial como por parte del Ministerio Público, y el régimen penitenciario. Dijo que Aramayo sufrió prisión injusta, persecución, y tortura psicológica y física. Se le siguieron más de 200 procesos por haber denunciado los hechos de corrupción en el Fondo Indígena. El abogado defensor recordó que Aramayo falleció cumpliendo lo que decía: «Prefiero morir en paz sabiendo que yo no soy responsable de nada, a tener que recuperar mi libertad asumiendo una culpa que no tengo simplemente para apañar actos que corresponden a otras personas».
Anteriormente, el detonante para otra andanada de demandas de reforma se produjo al destaparse las actividades de un presunto asesino serial con decenas de víctimas, que logró libertad gracias a la existencia de probables consorcios de jueces, fiscales y abogados. Pero la forma como se tuerce la justicia y se la convierte en un instrumento de represión política, llegó a los organismos internacionales que ya se pronunciaron sobre la necesidad de cambios urgentes.
Naturalmente que hechos de esta naturaleza mueven a los medios de comunicación, a los políticos, personalidades e instituciones académicas y sociales a que promuevan acciones que hagan posible terminar con la impunidad, el tráfico de influencias y pisoteo de la ley. La indignación es general y ha obligado hasta al oficialismo y a los promotores del control político a la justicia, a reconocer que la situación es insostenible. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), también se pronunció convocando a todas las fuerzas democráticas a trabajar de forma conjunta para llevar a cabo una profunda reforma del sistema judicial. En realidad las universidades, especialmente las carreras de Derecho, y la mayoría de los colegios de abogados han planteado la necesidad de una reforma profunda e inmediata del sistema judicial.
Organismos internacionales, como Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea han recomendado una reestructuración del sistema judicial. Inclusive el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), luego de una evaluación efectuada en nuestro país, formuló «36 recomendaciones al Estado y a la sociedad, sobre temas de reparación justicia, reformas institucionales y garantías de no repetición». Al hacer conocer su informe, el Grupo explicó que las recomendaciones están relacionadas con la promoción de la justicia y reparación de perjuicios a las víctimas. Uno de los representantes, el jurista Julián Burger decía que «el GIEI recuerda que la justicia es un derecho de las víctimas, de todas las víctimas. La promoción de una justicia imparcial y desvinculada de interés políticos, es elemento clave para la concretización del principio de la igualdad y para retomar la confianza de la sociedad en las instituciones». Uno de los objetivos de las recomendaciones sobre justicia es «promover reformas estructurales para superar las serias deficiencias del Estado boliviano para garantizar la independencia y autonomía del Órgano Judicial y del Ministerio Público, y en adoptar la debida dirigencia y el debido proceso legal en sus actuaciones», indicó Burger. Lamentablemente las aberraciones judiciales continúan, se conocen las causas y orígenes, pero puede más el control político que se ejerce sobre el sistema, que la comprensión de que se han cruzado límites inaceptables.