¿Otro conflicto de Poderes?

Un nuevo conflicto de poderes está en ciernes entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, por la declaratoria de estado de «calamidad pública» que determinó el gobierno, para atender requerimientos de urgencia provenientes de la pandemia y su secuela económica y como alternativa frente al bloqueo que efectuó el MAS en el parlamento para impedir la utilización de créditos internacionales.

Hubo dos llamados previos del gobierno al Congreso para un diálogo que permitiese encontrar una salida a la emergencia nacional, pero los parlamentarios prefirieron ignorar la convocatoria.

El gobierno de transición, frente a esa actitud negativa, promulgó el Decreto Supremo 4301, que declara estado de «calamidad pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus». También determina que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitará ante el Banco Central de Bolivia (BCB) la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación, sin especificar monto.

En la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, interpretan que este decreto está inmerso en los alcances de la Ley de Estados de Excepción. Pero el gobierno apela a la Constitución Política del Estado (CPE), que permite al Ejecutivo «decretar pagos no autorizados por la Ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas».

La Ley 1670 de 1995, también permite al Banco Central de Bolivia otorgar extraordinariamente crédito al sector público para «atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, declaradas mediante un Decreto Supremo».

Según el gobierno, en la Asamblea Legislativa se encuentran paralizados créditos por más de mil millones de dólares. Solamente se aprobó un crédito por $us. 73,4 millones para la atención del COVID-19. Ahora el MAS pretende utilizar la Ley que regula los estados de excepción para mantener el bloqueo. Recordemos que la ALP aprobó el 17 de junio pasado la Ley que regula los Estados de Excepción, con el establece frenos a las actuaciones del gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía.

De acuerdo a la norma, el estado de excepción «es la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias».

Se puede apelar a esta norma solamente «por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas». La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, anunció que promulgó la Ley.

Pero el gobierno de transición, observó esa ley, y el 24 de junio presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de consulta previa de constitucionalidad. Aunque no existe pronunciamiento del TCP, mientras se mantenga la consulta la Ley observada no puede entrar en vigencia.

El problema de fondo no está en quién tiene la razón o cuál de los Poderes es más ingenioso para imponer sus puntos de vista. La cuestión radica en que el país enfrenta la peor emergencia sanitaria que se recuerde, y una crisis económica que afecta a todos, que debiera unir a los políticos de todos los frentes en un esfuerzo para afrontar con éxito el estado de calamidad evidente, que ya tiene características de tragedia nacional. Los esfuerzos del gobierno central, la Asamblea Legislativa, los gobiernos departamentales y municipales, deberían estar dirigidos a mitigar la pesadumbre que vive en estos momentos el pueblo boliviano, en lugar de asumir posiciones incomprensibles y atentatorias al bien común.