La Fiscalía presentó una imputación formal contra un militar que estuvo al frente de la entidad estatal encargada de la distribución de hidrocarburos acusándole por las muertes ocurridas en la ciudad de El Alto durante la crisis social y política posterior a las fallidas elecciones de 2019.
El general del Ejército y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Luis F.V.F. fue imputado por los supuestos delitos de «homicidio» y «lesiones graves y leves», informó este martes el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, según un comunicado del Ministerio Público.
«Ahora queda esperar que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares donde pediremos la detención preventiva del sospechoso», sostuvo Cossío, citado en la nota.
La acusación se refiere a un operativo militar y policial ocurrido el 19 de noviembre de 2019 en el que murieron diez civiles y una treintena de personas resultaron heridas.
La acción buscaba desbloquear el paso para llevar combustibles desde una refinería de la petrolera estatal YPFB situada en el barrio alteño de Senkata hasta La Paz, que estaba cercada y desabastecida por bloqueos desatados tras la renuncia del expresidente Evo Morales nueve días antes, denunciando que era forzado por un supuesto golpe de Estado.
El Gobierno de transición de la expresidenta Jeanine Áñez aseguró en su momento que los fallecidos y heridos por proyectiles durante esta crisis no corresponden al armamento que utilizan la Policía y ni las Fuerzas Armadas.
También sostuvo que la manifestación en Senkata tuvo características de «terrorismo» y «sedición» porque supuestamente existía la intención de usar explosivos en la refinería, algo que los familiares de las víctimas y heridos han rechazado.
Según la Fiscalía, el militar acusado dio la orden de que seis mecanizados blindados que escoltaban a los camiones cisternas con combustible retornen a la refinería donde se producía la manifestación.
Estos vehículos llevaban cada uno a una decena de militares quienes reforzaron al contingente que estaba dentro de la planta.
«Posteriormente, se presume que los efectivos militares, bajo orden jerárquica y aquiescencia de sus superiores habrían reprimido a la población civil con armamento y munición letal», asegura el comunicado de la Fiscalía, que acusa a Luis F.V.F. de haber ordenado aquello.
Este general es el segundo militar al que el Ministerio Público involucra en las investigaciones de las muertes ocurridas durante la crisis de 2019.
Otro uniformado, Alfredo C. M., está bajo detención domiciliaria desde noviembre pasado en Cochabamba, dentro de las investigaciones por la muerte de diez civiles por disparos en un operativo militar y policial registrado el 15 de noviembre de 2019 en la ciudad cochabambina de Sacaba.
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también indaga desde hace tres meses los sucesos violentos de 2019 en Bolivia.