En economía no hay milagros, todo se rige por una serie de factores que son causa y efecto de una mala gestión o de los éxitos.
La reactivación económica de cualquier país requiere inversiones, movimiento de capital, producción, exportaciones, atención de la demanda de los mercados y recursos tecnológicos.
Bolivia no es un satélite fuera del planeta y no debería ir contra la corriente y las razones lógicas. En este momento se están adoptando una serie de medidas que sin duda van a tener una repercusión en la economía nacional, en concordancia con las facilidades que se brinden para la inversión o las medidas de presión que espanten a los capitales nacionales y extranjeros.
Si el gobierno considera que va a motivar las inversiones presionando con nuevos impuestos y restringiendo las exportaciones, está equivocando el camino.
Por ejemplo, por considerar que son atentatorios contra los intereses del Estado y que solo benefician a pequeños grupos de poder, el presidente Luis Arce Catacora, anunció que se determinó la abrogación de siete decretos supremos emitidos por el gobierno de transición. Dijo que se está «desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019». Entre los decretos abrogados figura el Fondo de Reactivación, creado para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia, así como el Fondo de Garantía de Vivienda Social, destinado a favorecer a familias de escasos recursos y a movilizar al sector de la construcción. Se derogó la norma que disponía el diferimiento del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. También se derogaron los decretos que facilitaban las exportaciones y otros decretos que diferían el pago de impuestos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que se derogaron los decretos referidos a los tributos que se aplicaron en el Gobierno de Transición, y que los mismos representaron una deuda acumulada de aproximadamente 2.000 millones de bolivianos. Afirmó que las normas promulgadas por urgencia de la pandemia representaron para el erario nacional un sacrificio grande. Por ejemplo, el diferimiento del Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE) alcanzó a noviembre una deuda acumulada de 160 millones de bolivianos. Otra de las medidas que ya fue aprobada en la Asamblea Legislativa, es el impuesto a las grandes fortunas. Según el gobierno, se espera recaudar casi Bs 1.000 millones con la aplicación de ese impuesto y con el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA).
Todas estas medidas lejos de reactivar la economía, alejarán la posibilidad de lograr inversiones y crear puestos de trabajo, y probablemente provocarán una fuga de divisas; tensionarán el mercado y generarán incertidumbre, que es el peor componente sicológico que perturba la confianza económica y altera las reglas del mercado. Un ejemplo claro son las nacionalizaciones y constantes amenazas al capital nacional e internacional durante los casi 14 años del gobierno del MAS. El flujo de capitales fue mezquino para Bolivia, cuando los otros países de la región se beneficiaron con miles de millones de dólares en inversiones. Solamente los altos precios del gas permitieron que nuestro país se sostenga, pero cuando bajaron las cotizaciones, comenzaron los déficits y el endeudamiento más alto de la historia.
En cambio, las economías de América Latina y el Caribe recibieron importante Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos 14 años. La región recibió en promedio $us.150 mil millones de dólares anuales, y hubo gestiones que pasaron de 160 mil millones de dólares. Los principales receptores fueron Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Bolivia, desgraciadamente quedó fuera de este ranking de inversiones ya que apenas llego al 07% del total de capitales que se movieron en la región.
La actual situación y las medidas que se están adoptando, tienen que motivar preocupación, porque sin inversiones es imposible salir adelante. Para crear empleos se necesita mover la producción, diversificar, modernizar la explotación de recursos naturales, industrializar al país y generar valor agregado. El país, sin inversiones ni aplicación de tecnología de punta, está condenado a seguir como exportador de materia prima, y cada vez más dependiente de los precios que se fijen en el exterior. A propósito de esta situación, recordemos que ya el año 2013, la Unión Europea, hizo notar al gobierno boliviano que la ausencia de garantías es un impedimento para que lleguen capitales del viejo continente.
(*) Ex Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz