La indignación por los efectos de los incendios crece tanto como las llamas que devoran los bosques chiquitanos, y han generado reacciones de diversos colectivos sociales que ven irresponsabilidad en la forma como se actúa frente a la tragedia. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) ha convocado a la Décima Marcha Indígena contra las leyes que permiten la destrucción de la naturaleza y el chaqueo. Exigen también la declaratoria de desastre nacional, mientras agrupaciones ambientalistas, comités cívicos Asamblea de Derechos Humanos, la Iglesia Católica y decenas de instituciones claman por políticas efectivas y sinceras dirigidas a frenar la depredación y adoptar decisiones urgentes para proteger a la naturaleza.
CIDOB en un pronunciamiento convoca «a la Gran Décima marcha de las naciones indígenas contra las leyes y decretos que destruyen nuestra casa grande». La convocatoria fue definida en una asamblea extraordinaria de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco. La marcha se iniciará el lunes 16 de septiembre en el circuito misional de San Ignacio de Velasco y pasará por cinco pueblos hasta llegar a Santa Cruz. La Primera Gran Cacique de la Nación Chiquitana, Beatriz Tapanaché, informó que la movilización podría llegar hasta la sede de Gobierno. «Si no somos escuchados, continuaremos la marcha hasta La Paz. Somos el pueblo damnificado por la quema de nuestra casa grande, dijo. Los indígenas solicitan además la aplicación estricta de la normativa internacional y nacional de la consulta previa e informada para toda medida de distribución de tierras, usos de suelos o extracción de recursos naturales en el territorio chiquitano.
El fuego comenzó hace más de 40 días y azota a 16 municipios del departamento de Santa Cruz. Se estima que los incendios arrasaron más de un millón y medio de hectáreas hasta el momento. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un pronunciamiento en el cual responsabiliza al gobierno nacional por los incendios ocurridos en la Chiquitania boliviana por la promulgación del Decreto Supremo 3979, que favorece las quemas «controladas» y amplía la frontera agrícola. «Hay una grave responsabilidad del Gobierno Nacional por el DS 3973, que favorece los chaqueos ilegales, sin el necesario análisis y conocimiento del medio (…). El hecho de que no se realizó el necesario debate nacional, despierta la sospecha de que hay intereses tras esta situación», señala el pronunciamiento. Añade que es «urgente un debate sobre la ampliación de la superficie agrícola en el país, teniendo en cuenta el interés común y el de los pueblos indígenas».
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp) exige al gobierno la «declaratoria de desastre nacional por el incendio de la Chiquitania, que lleva más de 40 días sin ser controlado. Pide atender con carácter de urgencia uno de los mayores desastres ambientales con el incendio forestal en la Chiquitania, que pone en riesgo la existencia de un bosque único en el mundo que es parte de la Amazonía», señala el pronunciamiento de la organización. Añade que el desastre se produce en el contexto en que el Gobierno Nacional, para beneficiar a sectores privados agrícolas, viene impulsando políticas que afectan a las áreas protegidas, con consecuencias devastadoras sobre la existencia de los bosques y de sus habitantes: pueblos indígenas, y comunidades campesinas.
La Asamblea también exige al Gobierno la abrogación de la Ley 741 que autoriza la ampliación del desmonte de 5 a 20 hectáreas; la abrogación de la Ley 1098 que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, para sustituir la importación de diesel oil, y otras medidas jurídicas que perdonan e intentan legalizar la denominada «quema controlada». Demandan decretar inamovilidad y pausa ambiental de las zonas afectadas, es decir, «no permitir el asentamiento de colonizadores ni el comienzo de actividades ganaderas y/o agropecuarias». Exigen respeto a las áreas protegidas, y a los pueblos indígenas cuyos derechos están contemplados en leyes nacionales e internacionales.
Las decenas de pronunciamientos tienen coincidencias en la defensa del medioambiente y la naturaleza, responsabilizan a algunas medidas del gobierno de haber intensificado las quemas irresponsables que derivaron en los incendios forestales, y entre otras demandas, exigen la declaratoria de desastre nacional y piden conseguir más ayuda internacional, además de abrogar la noma que amplían la frontera agrícola, y determinar una pausa ambiental efectiva en forma inmediata.