Colombia y Brasil, como países garantes de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), al parecer aceptaron solicitar a la Corte de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que interprete el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Por lo menos eso consideran los activistas que llegaron hasta Bogotá, para entregar un pedido respaldado por 500 mil firmas de ciudadanos bolivianos. Se trata de un nuevo recurso al que apela la oposición para hacer que se cumpla la CPE que limita las reelecciones presidenciales, así como hacer que se respete el referendo que rechazó una nueva reelección de Evo Morales.
Este hecho motivó la reacción del canciller Diego Pary, quien dijo que Bolivia actuó siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de Colombia, respecto a sus asuntos internos, «y nosotros también exigimos el mismo tratamiento con los países con quienes nos relacionamos», afirmó Pary. El hecho es que se produjo la entrega de firmas de parte del representante del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente Iván Duque, para elevar una opinión consultiva a la Corte de San José, sobre si la reelección perpetua es un derecho humano.
Para el Canciller, una eventual consulta no afectará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, que falló a favor de la candidatura del presidente Evo Morales para las elecciones que se efectuarán el próximo mes de octubre. Pary, considera que «las opiniones consultivas son consultas genéricas sobre algún tema y que, en este caso, de ninguna manera afectará a una decisión ya asumida… La decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de Bolivia es definitiva y ya no tendrá efecto ninguna otra resolución posterior», señaló.
Representantes de diferentes agrupaciones políticas y plataformas ciudadanas se encuentran en campaña para hacer respetar el «estado de derecho» para lo cual, frente al control del Gobierno sobre los organismos legislativo y judicial, apelaron a organismos internacionales y a algunos países. En esa línea, visitaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y al mandatario colombiano, cuyos países son garantes de la nueva CPE de Bolivia. El Comité Cívico Pro Santa Cruz en su cuenta de Twitter publicó un texto informando que se efectuó la entrega de las rúbricas, y señalando que el presidente Duque «se comprometió inmediatamente a realizar la solicitud de opinión consultiva».
Los activistas en la defensa están apelando a todos los recursos legales, tanto nacionales como internacionales en procura de evitar que la actual situación se profundice más con la destrucción institucional en el país. Una cadena de hechos y situaciones muy marcadas están colocando ante la disyuntiva de luchar por sus libertades o admitir la destrucción de las bases democráticas. Se está insuflando la tolerancia e indiferencia frente a las transgresiones legales. Es cada vez más notoria la apatía frente a los abusos. Se está minando el respeto sobre la voluntad ciudadana, al desaparecer las garantías constitucionales y promover la destrucción de la institucionalidad. Para muchos, no es casual esta situación que ha sido planificada con mucha anticipación, inclusive antes de la reforma de la Constitución, cuando abiertamente se anunciaba la necesidad de controlar los tres poderes del Estado vigentes en ese momento. Los representantes de los comités cívicos del país y los candidatos de la oposición, se reunieron para analizar la situación y lanzaron una conminatoria a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que renuncien a sus cargos hasta el 31 de mayo. En caso que no hacerlo se anuncian inicialmente movilizaciones y una nueva reunión para el 1 de junio destinada a adoptar decisiones más duras.