No es problema de culpas, sino de hechos: Lo ocurrido en la «Calancha», al grito de liberación, liberación, sus habitantes fueron acariciados con laques, bombas de gas tóxico por policías que después tuvieron que salir de Sucre a paso de vendedores, un, dos, tres, un, dos, tres, y apúrate puntapiés de por medio, además con banda, mientras el exministro de Gobierno Alfredo Rada miraba la catástrofe de sus tropas, muertos y heridos de «revoltosos cívicos» y hasta ahorita no es procesado.
La novedosa canica, por la que murió Johathan Quispe Ali, sigue volátil. Ante la información de Carlos Romero que «el disparo fue desde un puente de El Alto por los propios manifestantes», sonaron las campanas de arrebato al compás de la marcha de universitarios de la UPEA, el Ministro tuvo que bajar la cerviz, admitir que un policía había acabado con el joven «revoltoso», el caso está para las calendas griegas, no citaron al Ministro, nada que ver, el Ministerio Público para esa clase de «intolerancias», no existe.
El caso del médico Jhiery Fernández, que lleva 4 años y días, como detenido «preventivo», con sentencia de 20 años, firmado por una «alegrona Jueza» y su Tribunal del tenebroso «10 de sentencia», que no está ejecutoriada porque pende una apelación ante vocales de la sala penal de La Paz, o -si éstos incurren en acatar telefonazos del poder político-, recurrir de Casación.
Resulta dantesco pues los infiernos que describe Dante, están aquí, en la tierra.
Es tal la osadía de esos jueces, que se vanaglorian haber dictado «sentencia», contra un presunto inocente.
Ante esos casos y muchísimos más, con dispensa de jueces y vocales que cumplen su deber, tenemos que aplicar, a nuestra realidad, la célebre frase de los mexicanos, «en México (también en Bolivia) solo hay una Ley que tiene que prevalecer contra los pésimos operadores de justicia, la Ley de Herodes», «O los chingas o te jodes». ¿O no?