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Periodistas rechazan penalización de la libertad de expresión

Ante la intención de silenciar la libertad de expresión por parte del gobierno de transición mediante el Decreto Supremo 4231, los periodistas de Bolivia dieron a conocer el siguiente comunicado de rechazo:

«La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 4231 promulgado el 7 de mayo de 2020, debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, y piden que sea eliminada.

Dicha disposición señala a la letra lo siguiente: «DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se modifican el Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020; y el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, con el siguiente texto: ‘II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal'».

La ANPB y la APLP dejan establecido que un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas y que garantiza, en territorio nacional, el ejercicio del derecho humano y fundamental a la libertad de expresión.

Cabe expresar también que la mencionada disposición del DS 4231 viola, por efecto del Bloque de Constitucionalidad, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incentivan un amplio ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.

Precisamente, los estándares interamericanos prescriben que toda restricción al derecho humano a la libertad de expresión se tiene que fundamentar en estos tres pilares: 1. Toda restricción debe ser establecida de manera expresa, taxativa y clara en una ley; 2. La restricción, además, tiene que cumplir los objetivos imperiosos autorizados por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3. La limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática y proporcional a los objetivos imperiosos que se pretende lograr.

Queda claro que la disposición transitoria no se ajusta a estos tres requisitos.

Además, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos recomienda que se evite la imposición de sanciones penales, como lo hace la señalada disposición adicional, al derivar la conducta presuntamente vulneradora de difundir información «escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento» al Código Penal y, en cambio, aconseja que si hay una restricción se establezcan preferentemente sanciones civiles.

Como queda establecido, la disposición adicional de DS 4231 no sólo es inconstitucional, inconvencional e ilegal, sino que hasta puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado.

Tampoco es un argumento válido, como ha señalado el Gobierno, que los periodistas están al amparo, ante esta draconiana restricción a la libertad de expresión, de la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925, porque el artículo 1 de esta norma, con la gran claridad expositiva de sus creadores, señala que se trata no de una Ley exclusiva para los periodistas, sino que «todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente Ley». Es decir, la sabia Ley de Imprenta consagra el derecho de los bolivianos y bolivianas a ejercer el derecho a expresarse.

Para poner nuestra clara posición al resguardo del siempre voraz oportunismo político, hacemos notar que en el tercer período del expresidente Evo Morales también rechazamos el intento de penalizar el derecho a la libertad de expresión, cuando se pretendió, sin fundamento, aprobar un nuevo Código Penal que hubiera arrasado con el derecho a la libertad de expresión y con nuestras normas legales y de autorregulación.

Pedimos al Gobierno, en consecuencia, que se elimine de la economía jurídica nacional no sólo esta disposición transitoria del DS 4231, sino toda norma e inclusive cualquier avieso intento de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, que es la piedra basal de la democracia».

Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Asociación de Periodistas de La Paz.

La Paz, 11 de mayo de 2020

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