La crisis política en Perú se agudizó con la posibilidad de la disolución del Congreso, que domina el fujimorismo, ante la acusación del Ejecutivo de que está obstaculizando la reforma política y la lucha contra la corrupción.
El presidente Martín Vizcarra abrió esa puerta al anunciar que presentará una cuestión de confianza para que se apruebe la reforma política que ha sido bloqueada por el partido fujimorista Fuerza Popular.
Durante un duro mensaje ofrecido en el Palacio de Gobierno, en el que estuvo acompañado por su gabinete en pleno y los gobernadores de las regiones del país, Vizcarra acusó a la mayoría fujimorista en el Congreso de obstaculizar la reforma y proteger al ex fiscal general Pedro Chávarry de los pedidos de destitución e investigación por presunta corrupción.
El gobernante señaló que, por ese motivo, «poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades» que le otorga la Constitución presentará la cuestión de confianza.
Detalló que esto implica que el Congreso deberá aprobar cinco proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, que plantean «que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad» y que «las personas condenadas no puedan ser candidatos» en las elecciones.
Además, que cualquier ciudadano pueda participar en la selección de candidatos mediante elecciones primarias internas, la eliminación del voto preferencial, que otorga la prioridad de un candidato sobre otro, y que la población defina «la participación de mujeres con paridad y alternancia» en los comicios.
También que se prohíba «el dinero sucio en las campañas» electorales y exhortó a los congresistas para que «reconsideren el archivo de las denuncias constitucionales» contra Chávarry.
La Constitución peruana le da al Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso si este rechaza dos pedidos de confianza, tras lo cual el presidente debe convocar a elecciones legislativas para completar el período de Gobierno, que finaliza en julio de 2021.
Este anuncio implica el tercer pedido de confianza del actual régimen, que empezó en julio de 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, a quien el Congreso le retiró la confianza al gabinete que presidía Fernando Zavala en septiembre de 2017.
Tras reemplazar a Kuczynski, Vizcarra presentó en septiembre de 2018 una segunda cuestión de confianza para exigir al Congreso que apruebe una reforma judicial que, finalmente, fue aceptada por el Congreso, por lo que los proyectos fueron llevados a un referéndum aprobado por más 80 % de la población en diciembre del año pasado.
Luego de conocerse el nuevo anuncio de Vizcarra, la legisladora fujimorista Luz Salgado hizo un llamado a la calma y dijo que la cuestión de confianza será evaluada por la Junta de Portavoces del Congreso luego de que sea presentada formalmente.
«Nosotros hemos estado siempre dispuestos al diálogo, en diferentes oportunidades», aseguró en declaraciones a periodistas en la sede del Congreso.
A su turno, el congresista Víctor García Belaunde, del partido centrista Acción Popular (AP), consideró que el discurso de Vizcarra fue «provocador, lleno de fantasías y de falsedades».
«Creo que es un discurso que pudo hacerlo en otro tono. Ha planteado cinco temas que son diversos y que prácticamente quiere que se aprueben como él quiere, y eso es imposible, el Congreso no es mesa de partes del Gobierno, no puede serlo», dijo.
Por su parte, la bancada del Frente Amplio de izquierda anunció que no dará la cuestión de confianza al Gobierno de Vizcarra porque está a favor del cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
«Que la negativa del voto de confianza sirva para cerrar el Congreso y abrir el espacio para convocar a una Asamblea Constituyente para nueva Constitución», agregó el legislador Marco Arana, quien lidera esa agrupación.
Al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que la cuestión de confianza «es algo constitucional, pero algo extremo que debe utilizarse en casos que realmente correspondan».
El abogado constitucionalista Luciano López recordó, por su parte, que este mecanismo solo puede ser utilizado en los cuatro primeros años de régimen, ya que está prohibido durante el último, que es electoral.
Sostuvo, además, que la cuestión de confianza tiene su contrapeso con la moción de censura, que es la facultad que tiene el Congreso de oponerse a la política del Ejecutivo.
Al cerrar su discurso de este miércoles, Vizcarra se dirigió a los peruanos para recordarle que fue «la indignación, el clamor ciudadano, que ayudaron a visibilizar la corrupción, la mafia» en su país y la llamó «para que una vez más» se ponga de pie.
«No permitamos que triunfe la impunidad, tenemos un enorme desafío de construir las bases del Perú del bicentenario. Si no lo hacemos, habremos perdido la oportunidad de dejar a nuestros hijos un país mejor», concluyó.