El caso Odebrecht dio esta semana un paso clave en Perú para llevar a juicio a las principales personalidades que ocuparon la escena política del país durante los últimos 20 años, entre ellos tres expresidentes, tras el suicidio la pasada semana del exmandatario Alan García cuando iba a ser detenido.
Más de dos años después de que salieran a la luz los sobornos y pagos irregulares que la constructora brasileña Odebrecht hizo durante años en una docena de países de Latinoamérica, su exdirector en Perú, Jorge Barata, detalló esta semana con lujo de detalles quiénes recibieron estas dádivas.
El testimonio de Barata es clave para el caso, pues durante años negoció y ejecutó los millonarios sobornos pagados a funcionarios peruanos para adjudicarse grandes contratos en obra pública, y también las donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Durante cuatro largas jornadas, Barata testificó en Curitiba (Brasil) ante los fiscales peruanos a cargo del caso dentro del marco del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que recientemente suscribieron para que revele información a cambio de beneficios en una eventual condena.
El ejecutivo ya había declarado antes, pero esta vez, a diferencia de las anteriores, no podía guardarse nada ya que corría el riesgo de echar por tierra el acuerdo con los fiscales y complicar su situación jurídica.
Todo lo declarado por Barata está pendiente de ser comprobado con unos 4.000 documentos que ha prometido entregar a la Fiscalía una vez que la Justicia peruana valide el acuerdo de colaboración eficaz.
Aunque la mayoría de imputados han optado por decir que Barata miente desde que comenzó a dar sus primeras declaraciones en 2017, la Fiscalía tiene cada vez más pruebas que acreditan la veracidad de las palabras del empresario.
A partir de las filtraciones del testimonio de Barata aparecidas en medios locales, el peor parado es el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), cuyos sobornos alcanzaron presuntamente los 31 millones dólares y no 20 millones como se pensaba hasta ahora.
Toledo, sobre el que pasa un pedido de extradición de la Justicia peruana pendiente de ser resuelto por Estados Unidos para que pase a prisión preventiva, recibió supuestamente 4 millones durante su mandato y otros 27 una vez que estaba fuera del sillón presidencial.
Las dádivas por la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica del sur se pagaban de manera trimestral o cuatrimestral a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales del empresario israelí Yosef Maiman, amigo personal de Toledo que ahora también es delator premiado de la Fiscalía.
Barata también señaló que el expresidente Alan García (2006-2011) conocía los sobornos que recibía su predecesor Toledo y que él también tenía a sus «Maiman», que eran su secretario de Presidencia Luis Nava y el exvicepresidente de la estatal Petroperú Miguel Atala, quienes recibieron de Odebrecht unos 5 millones de dólares.
Esta información ya estaba en manos de la Fiscalía cuando la Policía acudió a detener a García la pasada semana, pero este se disparó en la cabeza con un arma de fuego para evitar ir a prisión.
Todavía falta identificar buena parte de los 24 millones de dólares que Odebrecht entregó aparentemente en sobornos durante el mandato de García por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.
También salió bastante perjudicada en la declaración de Barata la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien supuestamente recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral del referéndum donde se le intentó sacar de su cargo. El ejecutivo contó que la misma Villarán lo llamó por teléfono para darle las gracias.
Barata también se ratificó en las donaciones irregulares hechas a las campañas electorales de los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como a la líder opositora Keiko Fujimori, quien permanece en prisión preventiva.
Si bien estas donaciones no constituyen delito por sí solas en la legislación peruana, como se han afanado en reiterar sus receptores, podrían ser condenados si la Fiscalía demuestra que tenían conocimiento del origen ilegal del dinero de Odebrecht, lo que sí configuraría delito de lavado de dinero como persiguen los fiscales.