Aunque la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no contempla tratar temas sobre Bolivia en su asamblea que se realiza en Sucre, se han iniciado acciones para que este organismo agilice la consideración de la situación boliviana en relación al derecho humano del presidente Evo Morales a postular indefinidamente a la Presidencia, porque las demandas fueron planteadas anteriormente, y se considera como caso de la gestión pasada. Desde diferentes frentes, la oposición ha presentado recursos y pedidos de un pronunciamiento destinado a impedir que Morales participe de las elecciones de este año, y los argumentos son similares a los que se presentaron en otros casos.
Una de las últimas iniciativas proviene de dirigentes cívicos, representantes del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y de organizaciones políticas que presentaron al Grupo de Lima su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para agilizar un pronunciamiento sobre los alcances del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, usado para validar la repostulación del presidente Evo Morales.
En una reunión realizada en Tarija, los cívicos redactaron una carta enviada a los embajadores del Grupo de Lima, pidiendo la «colaboración y apoyo ante los organismos internacionales y la CIDH frente a las violaciones a la Constitución Política del Estado y al ordenamiento legal, y a los derechos humanos en el país». El grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Fue creado para buscar una salida a la crisis venezolana y en los últimos días reconoció y respaldó a Juan Guaidó como, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
Existe un antecedente que amplía las esperanzas porque la demanda prospere. Se trata de la decisión de la CIDH de admitir el recurso presentado en contra del Estado de Nicaragua por la repostulación de Daniel Ortega en 2011, quien se presentó como candidato pese a que la Constitución Política nicaragüense lo impedía. El hecho fue aprovechado por la oposición nacional que considera que la admisión de la demanda contra Ortega sienta jurisprudencia, es decir, que es un antecedente legal que debe ser tomado en cuenta cuando se trate la demanda boliviana.
La resolución emitida por la CIDH, mediante el informe Nº 179/18, dada a conocer en esta semana, señala lo siguiente: «Declarar admisible la presente petición en relación a los artículos 8 (garantías judiciales), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en concordancia con sus artículos 1,1 y 2».
En el caso de Bolivia existen varias de denuncias ante la ONU, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a las normas legales, a los derechos humanos y a las prerrogativas ciudadanas. Desde campesinos, partidos políticos de oposición, organizaciones defensoras de los derechos humanos, exgobernantes han presentado observaciones. Hasta el año pasado, había unas 50 denuncias ante la OEA y la CIDDH, que este año se han incrementado. Inclusive, dos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) enviaron una solicitud a la CIDH, para hacer conocer su preocupación sobre la vulneración de la democracia en Bolivia por el incumplimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. Además pidieron medidas cautelares para ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión por parte del Estado. Una de las vocales renunció frente a una presunta serie de irregularidades dentro del TSE.