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domingo, julio 14, 2024
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Plantean unir esfuerzos contra el crimen organizado

La presencia de organizaciones que actúan en el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, ha sido analizada por el Noveno Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que se realizó la semana pasada en Santa Cruz. Especialistas y autoridades de cinco países revelaron la presencia de al menos ocho organizaciones criminales operando en Sudamérica, con probables actividades en Bolivia. Entre los temas tratados se informó que el contrabando anualmente mueve tres mil 300 millones de dólares en Bolivia. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho dio esa cifra agregando que «el contrabando se lleva el 8% de nuestro PIB. Estamos hablando de casi 10 hospitales de segundo nivel. Dijo que es un cálculo austero, ya que «estamos hablando de $us 280 millones mensuales. Eso es lo que daña el contrabando», manifestó el empresario que, además, explicó que esta situación significa una asfixia para la industria formal, ya sean grandes, medianas, pequeñas o microindustrias, de acuerdo con su explicación, lo que implica trabas en el empleo, el pago de aranceles e impuestos que dejan de ingresar a la economía nacional y que se van por la vía ilegal.

Expertos de cinco países durante el evento revelaron la presencia de al menos ocho organizaciones criminales operando en Sudamérica, con probables actividades en Bolivia. Entre estas se encuentran el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho (Brasil), los Choneros, Tiguerones y Lobos (Ecuador), el Tren de Aragua (Venezuela), y el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa (México).

Los informes sobre esta reunión divulgados por varios medios de comunicación, detallan que las investigaciones de inteligencia destacan el alto nivel de organización de estas bandas, las cuales están armadas, emplean estrategias sofisticadas de lavado de dinero y corrompen a funcionarios públicos. Estas organizaciones no solo imitan modelos de otros delitos como el tráfico de drogas, armas y trata de personas, sino que integran estas actividades ilícitas en sus operaciones de contrabando. Según los expertos, el contrabando en Bolivia refleja claramente la estructura y modus operandi del crimen organizado transnacional. Este análisis se basa en la observación de sus características, áreas de acción y organización interna.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Óscar Mario Justiniano, advirtió que ha habido unidades productivas que han cerrado cuando entraba sin control leche en polvo desde Argentina o cuando se registró el ingreso de arroz desde Brasil, pese a que Bolivia tenía la capacidad de producir estos alimentos. «El contrabando, una vez llega a los mercados, prácticamente es como si se estuviera legalizando y eso es preocupante», apuntó el titular de los empresarios cruceños.

Asimismo, Justiniano remarcó que el contrabando se paga en efectivo y hay mucho dinero que sale del país debido a esta actividad ilícita. «Tenemos que repudiar la ilegalidad, pero a la vez también generar condiciones y generar alternativas para que esos sectores sociales que están dentro de esa economía puedan migrar a una economía formal, una economía donde las normas, las reglas y la implementación de ellas sean claras», expresó.

Rubén Vargas, exviceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior de Perú, identificó cinco factores clave que impulsan el crecimiento del crimen organizado en la región: el aumento del consumo global de cocaína, oro y madera; la acumulación informal e ilegal de capital; la crisis migratoria asociada a delitos y violencia extrema; las limitadas capacidades de los operadores de seguridad y justicia; y la intensificación de la crisis política. Subrayó que la creciente demanda global de cocaína presiona a los países andinos productores a incrementar la producción, facilitando el paso de mercancías ilegales por las fronteras. Los expertos coincidieron en la necesidad de medidas conjuntas entre los países para fortalecer los controles fronterizos y combatir el crimen organizado. Vargas abogó por un cambio en el enfoque de apoyo internacional, sugiriendo que los países consumidores de cocaína deben asumir una mayor responsabilidad, dado que su demanda incrementa los delitos en los países productores.

Carlos Gajardo, ex fiscal chileno y experto en delitos económicos y corrupción, resaltó que el contrabando de cigarrillos es un indicador del crecimiento acelerado de estas actividades ilícitas. Estudios de la Universidad Católica de Chile muestran que el porcentaje de cigarrillos de contrabando en el mercado chileno ha aumentado del 20% al 50% en 2023. «Esto significa que la mitad de los cigarrillos consumidos en Chile son de contrabando, lo cual fortalece significativamente la cadena de valor de la delincuencia», lamentó Gajardo. El exfiscal chileno también señaló que la inmigración venezolana ha incrementado la porosidad y actividad de las fronteras, complicando la coordinación y control entre países.

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