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sábado, septiembre 25, 2021
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Población acudió a los cementerios por el día de los Difuntos

Las protestas por la sospecha de fraude electoral tuvieron una incidencia bastante menor ayer comparado con días anteriores, en coincidencia con la festividad de los difuntos, una tradición muy arraigada en el país.

Los bloqueos de calles en ciudades como La Paz o Cochabamba fueron de menor grado que a lo largo de la semana y con una repercusión menor al ser jornada festiva, con apenas marchas salvo casos como una por el centro paceño o una caravana de motos en la ciudad de Trinidad, pero sin ser masivas como en jornadas precedentes.

Según la tradición, cada 1 de noviembre, las almas de los difuntos llegan a la tierra de los vivos a visitar a sus familiares quienes les esperan con una diversidad de masas, frutas y comida y la «visita» se extiende hasta el mediodía del 2 de noviembre.

Los comités ciudadanos que promueven las movilizaciones en otras ciudades como Sucre, capital del país, esperan retomarlas con mayor intensidad a partir del lunes y en Santa Cruz, la mayor urbe boliviana, ayer por la noche en una asamblea definió «decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar», según expresó el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho

Un bloqueo del basurero en Santa Cruz por parte de afines al presidente Evo Morales, fue respondido por detractores del mandatario depositando basura frente a entidades estatales y negocios de políticos oficialistas.

Morales minimizó la repercusión de las movilizaciones en Santa Cruz a «mil, dos mil personas», en una ciudad de más de millón y medio de habitantes.

El mandatario llamó el pasado jueves a cesar las protestas, tanto de quienes piden su renuncia al denunciar fraude en las elecciones del 20 octubre como a los sectores afines que se movilizaban en su apoyo, después de que el día antes fallecieran dos personas en enfrentamientos entre ambos.

Una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició el jueves una auditoría del proceso electoral, que se espera que dure unos doce días, pero que rechazan la oposición y los movimientos cívicos contrarios al presidente por considerarla pactada con el Gobierno para excluirles de la investigación.

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