El polémico alcalde de Achacachi, Edgar Ramos Laura (MAS), debe comparecer este lunes ante el Juzgado Público de Familia 2do de la ciudad de El Alto, para una audiencia de amparo constitucional interpuesto por un empresario que fue contratado y que ante la falta de documentación no puede cobrar por la obra que fue recepcionada por el gobierno municipal.
La audiencia fue señalada para las 14:00 horas, oportunidad en la que el alcalde Ramos deberá entregar fotocopias legalizadas sobre el proyecto Pabellón Multidisciplinario de la Unidad Educativa «Don Bosco», regularización de contratos y el pago de los montos adeudados por la obra fina, tal como solicitó el afectado el 25 y 30 de abril; 23 de julio y 9 de agosto de 2018, reportó Erbol.
El empresario recibió el 18 de mayo la orden de proceder en base al contrato GAMA/EPHQ/033/2016 y entregó la obra en el tiempo previsto bajo acta de conformidad. Desde entonces el alcalde eludió el pago y reiterada negativa a entregar el contrato original obligó a que el demandante interponga una acción de amparo argumentando «lesión al derecho de petición» previsto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, la jueza Público de Familia, Karen Careaga Miranda, negó la tutela el 1 de octubre de 2018, con el argumento que el peticionante no agotó recursos de impugnación previstos, jurídicamente llamado «principio de subsidiariedad».
La decisión fue enviada en revisión a Sucre donde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó 18 de octubre de 2018 porque la juez Careaga «no actuó correctamente» y la ordenó pronunciarse nuevamente sobre la acción de amparo.
El TCP asegura que no se evidencian causales de improcedencia, debido a que el afectado cumplió con enviar cartas y peticiones reiteradas, además que no existen medios de impugnación para pedir fotocopias legalizadas.
Ramos Laura – un ex miembro de la Policía Boliviana y militante del MAS – es el único alcalde que no gobierna desde la sede oficial de sus funciones (Achacachi), luego que en febrero estallara un conflicto que se agravó en agosto de 2017 por un bloqueo de caminos impulsado por comunarios que pedían rendición de cuentas públicas ante varias denuncias de corrupción, delitos de malversación de recursos públicos e incumplimiento de deberes.
Ese conflicto derivó en la quema de una parte del edificio municipal en un hecho que no fue aclarado porque algunas versiones señalan que fue un autoatentado para evitar la rendición de cuentas públicas y otras señalan a los comunarios como presuntos autores. Desde entonces, los dirigentes cívicos interpusieron otra demanda por intento de homicidio que nunca fue investigada por la Fiscalía paceña.
El 12 de septiembre de 2017, el exFiscal General del Estado Ramiro Guerrero, instruyó que ningún fiscal ingrese a Achacachi para hacer investigaciones sobre las denuncias contra el alcalde porque no existen garantías para los fiscales. Con ese argumento paralizó la investigación contra el alcalde Édgar Ramos elegido el 2015 por el MAS.