La confianza del ciudadano en las instituciones nacionales se debilita día que pasa frente a las transgresiones legales, los abusos de poder, la corrupción y otros males que derivan en la vulneración de los derechos y garantías del pueblo. Eta situación corroe las bases de la sociedad que se ve impotente frente a la ilegalidad y la ausencia de castigo para los infractores. A su vez esta situación afecta a la calidad de la democracia, poniendo en serio riesgo el estado de derecho.
Hoy están bajo sospecha los partidos políticos y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), debido a la incorporación abusiva, inconsulta e ilegal de ciudadanos como militantes de partidos. Cobró visos de escándalo en las últimas horas la cantidad de protestas por esta situación. Son cientos de ciudadanos que aparecen en las listas de partidos sin que se les hubiese consultado y menos existiese interés de los afectados en participar militantemente en política.
Se está vulnerado el derecho de todo ciudadano de decidir si quiere o no participar activamente en política. Hasta autoridades de tribunales electorales departamentales aparecen como militantes políticos, pese a que ellos alegan no tener militancia alguna. Las redes sociales son nuevamente protagonistas al denunciar esta situación y poner en evidencia los abusos especialmente de los partidos políticos, ya que el ÓEP se defiende señalando que incorporó a los militantes de acuerdo a las listas presentadas por las agrupaciones políticas, y que su intención al ofrecer recursos para que los ciudadanos conozcan los registros del padrón electoral obedece a la necesidad de actuar en transparencia.
El largo trayecto que ha vivido el pueblo, los partidos políticos y las instituciones desde la recuperación del poder que se encontraba en manos de los militares, permite afirmar que los principios de libertad y ejercicio pleno de las garantías están arraigados en el pueblo, pero todavía son permeables a distorsiones que ponen en riesgo la calidad de la democracia.
La democracia es el régimen político del estado de derecho en el que se garantiza una libertad sin represión, sin exiliados políticos; un sistema donde la justicia sea independiente y no que se convierta en brazo político represor. Cuando alguno de estos factores falla, quiere decir que se ha debilitado el proceso democrático, y que es necesario rectificar caminos. En Bolivia, desde la recuperación del proceso democrático, se ha producido un constante avance en muchos aspectos, pero al mismo tiempo, también se han dado retrocesos con la limitación de algunos derechos y garantías. Nuestro país vive 36 años de democracia.
En momentos en los que el ciudadano busca señales que indiquen el camino de la consolidación democrática, así como opciones frente a un panorama que polariza y fragmenta, los partidos políticos, llamados a ofrecer señales de credibilidad y confianza, inician su trabajo electoral enlistando ciudadanos a sus filas sin siquiera consultarles. Flaco favor que se hacen a sabiendas del desprestigio que llevó a la casi extinción de los partidos tradiciones, que con sus actos abusivos, perdieron su dignidad –si alguna vez la tuvieron-, y el respeto y la confianza ciudadana.