La Defensoría del Pueblo advirtió este martes sobre la falta de acciones del Estado para controlar y reducir el uso de mercurio en la minería aurífera que se ha incrementado de forma preocupante en los últimos años, con efectos nocivos sobre todo para los pueblos indígenas.
Estas consideraciones se encuentran en el reporte «Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 2017-2022» presentado por la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
Cruz recordó que el Estado boliviano firmó en 2013 el Convenio de Minamata, un acuerdo internacional que regula el impacto del mercurio en la salud y el medioambiente, y lo puso en vigor en agosto de 2017.
«Desde ese momento, pocas acciones se han asumido respecto a la minería aurífera», la principal actividad que emplea el mercurio en su cadena productiva, indicó.
La revisión de la información oficial reveló «datos bastante preocupantes» como la «alarmante» cantidad de mercurio que ha ingresado al país en los últimos años, señaló.
Según Cruz, en 2010 el volumen de mercurio importado era inferior a las dos toneladas y desde ese año hasta 2014, la cifra anual «nunca llegó a superar las 16 toneladas».
Sin embargo, a partir de un nuevo marco jurídico minero dispuesto en 2015, la importación de mercurio «se dispara» a un promedio de 150 toneladas anuales, apuntó.
El último inventario nacional de fuentes de emisión de mercurio, que data de 2017, pone en evidencia que la minería aurífera es «responsable de más del 80 % de las liberaciones de mercurio en el ambiente».
La defensora sostuvo que a esa área se le debe prestar mayor atención, ya que además hubo un fuerte incremento en la extracción de oro entre 2015 y 2020, con un promedio de explotación anual de 20 toneladas y un pico de 42 toneladas en 2019.
De las más de 2.000 cooperativas mineras que operan en Bolivia, el 70 % son auríferas, «siendo este sector el que extrae el 97 % de oro del país», acotó.
Venta y uso sin control
Cruz explicó que la minería aurífera emplea el mercurio en la etapa de «concentración o beneficio» del mineral «como un mecanismo que permite el mayor rédito para el minero a un bajo costo».
La defensora manifestó que «no se conoce con precisión» la distribución del mercurio una vez que es internado al país y que la venta del elemento «al menudeo» se hace «sin ningún tipo de registro ni control adecuado».
Por ello, «no se conocen los volúmenes reales de mercurio que estarían llegando a regiones mineras auríferas, el movimiento de las ventas de este insumo y si éste está cumpliendo las normas relativas al manejo y manipulación de sustancias peligrosas», alertó.
La Defensoría concluyó que el Estado en todos sus niveles «no ha establecido las condiciones materiales, técnicas y económicas para proteger la salud humana y el medioambiente» de las emisiones de mercurio.
Una de las principales observaciones es la falta de un plan nacional para la reducción del uso de mercurio que incluya información sobre las consecuencias de la exposición a ese elemento y un registro detallado de la venta en el mercado interno, como lo establece el Convenio de Minamata.
Mineros e indígenas
El informe también advirtió sobre la resistencia de las cooperativas mineras a las regulaciones sobre el uso del mercurio y apuntó que ese sector debe ser incluido en las medidas que se asuman para cumplir con el Convenio de Minamata.
Cruz señaló que «la afectación ya es tangible y evidente» más allá de la falta de informes oficiales y que «la actividad minera posiblemente no vaya a cesar, pero tiene que ser amistosa con el respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra».
También indicó que merece una «especial consideración» la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana que están expuestos al mercurio, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara.
El caso de los Esse Ejja es particularmente preocupante, pues corren el riesgo de extinción física y cultural por la contaminación con mercurio de sus territorios y recursos piscícolas, la base de su alimentación, alertó.
Las recomendaciones del informe apuntan a generar diálogos «participativos» para elaborar el plan nacional que permita cumplir con el convenio.