La información, en las últimas semanas, sobre hechos de corrupción, y la forma como el narcotráfico penetró a instituciones fundamentales, es motivo de preocupación de todos, y son las autoridades las que tienen la obligación fundamental de garantizar transparencia en las investigaciones de hechos de esta naturaleza. El Gobierno ha instruido que se realicen las acciones que correspondan para neutralizar al crimen organizado, pero existe una natural susceptibilidad dado que quienes deben investigar estos hechos -en los organismos policiales, fiscalía y la justicia- tienen mucho que explicar sobre situaciones que ensombrecen al sistema judicial.
Recordemos que en los últimos meses se han destapado casos de corrupción y narcotráfico que involucraron a jefes policiales, jueces, fiscales, políticos y hasta una exfuncionaria de la Gobernación de Beni fue detenida presuntamente por pertenecer a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas. En diferentes países vecinos, así como de ultramar, se descubrieron cargamentos de cocaína cuyo origen la señalan en Bolivia.
La preocupación seguramente está en todos los hogares de los bolivianos al conocer estos hechos vergonzosos precisamente de quienes están llamados a hacer respetar las leyes. Parece que la magnitud del problema no ha sido asumida en su justa dimensión. Cuando el Gobierno habla de resultados de la lucha contra el narcotráfico maneja cifras exitosas que nadie puede comprobar ni discutir. Pero el mes pasado, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó que durante los últimos 10 años en la lucha antidroga se logró la destrucción de 35.878 fábricas de cocaína y 231 toneladas de cocaína.
Es decir, que las fábricas apenas producían o estaban inactivas o no se explica el resultado porque si en cada fábrica se hubiese encontrado tan solo 100 kilos de droga, el decomiso sería de varios miles de toneladas de droga.
Los datos de Cáceres fueron presentados en la reunión que tuvo con el Jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO) y representantes de la Unión Europea en Santa Cruz.
En lo que va del año, según informes oficiales, más de 119 toneladas de marihuana y seis toneladas de cocaína han sido incautadas en 4.754 operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Unas 1.478 personas han sido aprehendidas y se destruyeron 21 laboratorios y 403 fábricas de maceración. Frente a ese accionar, ¿Cómo se explica la droga decomisada en el exterior? Permanentemente se habla de detenidos con cocaína en Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, además de la que se descubre en Europa y que de acuerdo a las investigaciones proviene de narcotraficantes bolivianos y de extranjeros que operan en nuestro país.