La Fiscalía General de Bolivia presentó ante el Tribunal Supremo del país una acusación contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y otras 18 personas en un caso de privatización parcial de una empresa estatal, informó ayer esta entidad judicial.
El Ministerio Público formuló ante la Sala Penal del Supremo la acusación por varios delitos en el caso ENFE, empresa estatal boliviana de ferrocarril que fue parcialmente privatizada en 1995.
Los delitos de los que se acusan al expresidente y su exministro José Carlos Sánchez Berzaín, entre otros acusados, son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, según un comunicado de la fiscalía.
Otros acusados lo son por los delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
«Se ha presentado ante la Sala Penal la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que está referido a la capitalización de esta empresa durante el gobierno de Sánchez de Lozada», indicó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El caso se remonta a la aprobación durante el primer Gobierno de Sánchez de Lozada de la transferencia a la compañía chilena Cruz Blanca del 50 % de las acciones de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) por precio menor al valor real, según la acusación.
La Fiscalía argumentó que para ello se usó «como estrategia la conformación de dos sociedades de economía mixta, dividiendo de esa manera el sistema ferroviario en dos redes o unidades económicas».
Las empresas Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental asumieron la red en el occidente y oriente de Bolivia, respectivamente, mientras que ENFE quedó como administradora de bienes no empleados en el servicio ferroviario.
«Sánchez de Lozada y su gabinete dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM – Ferroviaria Andina – a la empresa chilena Cruz Blanca (a través de la asociación formada al efecto) por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado», advirtió.
La fiscalía detalló una serie de hechos por los que estima un daño al Estado boliviano del equivalente a unos 20,5 millones de dólares, por haber autorizado la operación supuestamente a un precio menor al estimado, sin atender una oferta mayor de otra empresa y con un perjuicio por inversiones no efectuadas durante siete años.
Este es uno de los procesos iniciados contra Sánchez de Lozada y su exministro Sánchez Berzaín, asilados desde 2003 en Estados Unidos, donde en mayo pasado un juez revirtió el veredicto de un jurado que les había señalado como responsables civiles de ocho muertes en la represión militar y policial de ese año en Bolivia.
La represión durante su mandato provocó 68 muertos y cerca de 400 heridos, en protestas ciudadanas contra un proyecto gubernamental para exportar gas a bajo precio a través de Chile.
Estados Unidos rechazó en 2012 el pedido de extradición del Gobierno de Bolivia, por incompatibilidad en las legislaciones de ambos países.
Los acusados y los delitos en caso ENFE
Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo son acusados por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Mientras que Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier es acusado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Edgar Ramiro Saravia Durnik es procesado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constitución.
Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica.
José Isaac Ardaya Calderón es acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Y finalmente, Franklin Mejía Ríos es acusado por conducta antieconómica.