El MAS, al colonizar a la ALP, degradó su función. Al subordinarse vergonzosamente al Ejecutivo, se redujeron a la inutilidad, a políticos sin política. Basándose en una supuesta superioridad moral de la izquierda, se acostumbraron a los trucos jurídicos, socializaron la incompetencia y el prejuicio «amigo-enemigo», alentó el odio de clases. Confundieron la «mayoría» que se les concedió con la irrebatibilidad de sus decisiones impidiendo el debate ilustrado. Aun ignoran que para ser representantes se requieren: capacidad para el cargo, lealtad con la Constitución y, servicio al soberano, no a sus electores, no a su partido, ni a su circunscripción. Jamás percibieron que a todo gobierno se le exige gestión honesta, eficaz y que sepa transmitirlo a los ciudadanos. No es ideología, es idoneidad lo que el elector espera. Como no supieron ganarse el respeto, la reprobación es general. Tienen legitimidad jurídica cuestionable, pero ya no legitimidad democrática.
El sistema democrático boliviano dice sustentarse en la separación de poderes, pero la Constitución no atribuye al Ejecutivo potestades para lograr un equilibrio entre poderes.
La ALP puede acusar y enjuiciar a la Presidenta, puede censurar implicando la destitución de un Ministro y puede dictar Leyes aun con la oposición de la Presidenta; el Ejecutivo, en cambio, no puede ejercer su responsabilidad política institucional porque como Órgano del Estado no tiene atribuciones constitucionalizadas para controlar y reprobar el modo en que el Legislativo ejerce sus funciones.
Si uno se apega al texto constitucional podrá deducir que el Constituyente no autoriza ni desautoriza a la Presidenta disolver la ALP.
Autorización fáctica
Al no constituir un dogma intangible e indispensable, puede respaldarse en el Principio Constitucional de que: «Lo que la Constitución no prohíbe, lo autoriza», así, la potestad interpretativa de la Presidente coincidiría con una «autorización fáctica» como manifestación tácita de voluntad soberana de los ciudadanos como máxima autoridad jurídica política del Estado, que no se encuentra expresamente regulada en nuestro ordenamiento constitucional, pero que justifica su disolución por haberse prostituido su función con la total indiferencia al reclamo de austeridad, eficacia y responsabilidad en el trabajo legislativo.
Convertido en un lastre insoportable, los ciudadanos exigen restablecer la dignidad de la función representativa con la lapidación de un organismo ya inútil, pero es improbable que el gobierno se atreva a enfrentar a los patriarcas de la componenda desestabilizadora del Estado en este momento de crisis sanitaria.
Los parlamentarios del MAS acudirían a los tribunales para impedirlo, pero de contraparte ni sus ex mandantes los apoyarían porque están angurrientos de tomar, las jugosas dietas, el pueblo en mayoría está por el cierre del parlamento de «ociosos» y saldrá en defensa de una decisión patriótica de la Presidenta.