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domingo, octubre 17, 2021
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Problemática de la salud sin solución

El país requiere con urgencia una política nacional de salud en el marco del mandato de la Constitución Política del Estado. Ni el gobierno, ni los profesionales de salud y menos los partidos políticos de oposición han aquilatado la magnitud del problema y las penurias, esfuerzos económicos y tragedias que deben soportar los ciudadanos bolivianos debido al deficiente servicio de salud pública y la costosa atención privada.

Priman los intereses políticos, sectoriales y los negocios por encima de la obligación de todos que debiera ser comprendida por los involucrados en la salud pública. Lamentablemente se prefiere la confrontación antes que el consenso para encontrar soluciones a un problema tan delicado. Nunca se ha comprendido la obligación y no dedicaron esfuerzos a ofrecer calidad para la salud pública, ya que ese nivel solamente se puede alcanzar con una política pública enmarcada en principios basados en los derechos humanos, derecho a la vida, a la salud y al bienestar colectivo. Para ello se requieren recursos para establecer centros hospitalarios dotados de tecnología y condiciones para atender a la población, además de médicos éticos, comprometidos con la población y el servicio a la comunidad.

El Gobierno debe exigir mayor dedicación a los médicos, pero también debe cumplir su deber al destinar un mayor presupuesto para salud, como lo manda la Constitución Política del Estado en el Art. 37, que señala que “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera”… Desgraciadamente, médicos, autoridades y trabajadores del sector se enfrascan en su forcejeo pretendiendo tener la razón y mostrando la mezquindad de sus acciones. Los enfermos padecen penurias, y la muerte asecha a gente que bien atendida podría continuar su contribución al país, a la sociedad y especialmente a su familia, mientras ven impotentes como legisladores, gobierno, médicos y trabajadores, pelean por sus propios intereses.

En este momento, el Colegio Médico de Bolivia y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, negocian un acuerdo a un problema que nunca fue planteado integralmente, ni hay señales de que ocurra. Volverán a reunirse el miércoles próximo para hablar de las demandas del sector. Se retoma el diálogo después del fracaso último por la participación de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB). Los médicos cumplieron anteriormente un paro de 48 horas. Exigen ítems, insumos, contratación por méritos y respeto a la seguridad laboral para la aplicación del Sistema Único de Salud.

A su vez, hay otros dos conflictos paralelos. Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) ratificaron un paro de 72 horas para esta semana contra el proyecto de ley de construcción de hospitales, mientras los pacientes con cáncer masificaron en La Paz la huelga de hambre por la falta de medicamentos. Los trabajadores de salud demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, la destitución del gerente de la CNS, por haber entregado datos erróneos para la redacción de la Ley 1189 Prioridad Fortalecimiento y Desarrollo de la CNS, y que los ítems sean llenados mediante concurso de méritos. A su vez observan que la Ley de Prioridad viola el Código de Seguridad Social, y utiliza los recursos propios de la CNS que provienen de los aportes de los trabajadores, para la construcción de 67 nuevos hospitales, en regiones en que supuestamente no hay asegurados. La construcción de hospitales debe ser responsabilidad del gobierno y no de los asalariados argumentan médicos y trabajadores de salud. Como medida de presión, el Sindicato de la Caja Nacional de Salud (Casegural) anunció un paro de 72 horas a partir del próximo miércoles.

El problema de la salud en nuestro país parece sin solución y deja a la mayoría de la población sin posibilidad de atención médica ni esperanza. Los males propios del sistema son agravados por la irresponsabilidad de todos los que conforman el sistema de salud pública.

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