Procurador general del Estado es cesado entre discrepancias con el Gobierno

APG

El procurador general del Estado, José María Cabrera, fue destituido del cargo este viernes a través de un decreto firmado por la presidenta Jeanine Áñez, algo que la ahora exautoridad cree que fue por discrepancias con el Gobierno.

Funcionarios del Ministerio de la Presidencia le entregaron a Cabrera una copia del decreto que señala su destitución y la designación de Alberto Javier Morales Vargas como el nuevo procurador.

«Mi autoridad (…) ha expresado su absoluta cooperación para que haya una transmisión inmediata, ordenada y sujeta a la legalidad en la conducción de la Procuraduría», manifestó Cabrera en una conferencia de prensa.

Cabrera indicó que para que el nuevo funcionario ejerza el cargo se debe cumplir con formalidades como la posesión y el juramento de la persona entrante para que se haga efectivo el cambio.

«Inmediatamente se produzca esa situación, estará extendida la alfombra roja para que yo personalmente, como autoridad saliente, reciba y dé la bienvenida a la autoridad entrante», explicó.

La exautoridad indicó que su destitución es a requerimiento «vehemente» del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por la «afectación en el cumplimiento de mis funciones constitucionales» en varios casos.

Entre los casos que hizo mención está la privatización de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la devolución de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), a la que Cabrera se opuso al entender que atentaría contra los intereses del Estado.

Otro de los casos por los que atribuye su destitución es la investigación de la compra de material antidisturbios con un supuesto sobreprecio de dos millones de dólares.

Cabrera se presentó este pasado jueves ante una comisión del Parlamento que investiga ese caso, en el que señaló que el Ministerio de Gobierno no remitió información sobre los procesos de adquisición de este material.

«Murillo hasta hoy no ha presentado una sola hoja, un solo papel del caso gases lacrimógenos, se ha emitido el segundo requerimiento y una vez que se venza el plazo, lo que corresponde es interponer una denuncia por los delitos de obstaculización de la justicia, impedir el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes», refirió.

Cabrera fue posesionado en diciembre del año pasado y se aleja del puesto luego de nueve meses de ejercer sus funciones.