La Procuraduría General del Estado no podrá apelar la fianza de 250.000 dólares fijada este lunes para el exministro Arturo Murillo, acusado de supuesto lavado de dinero, en una audiencia en Estados Unidos e insistirá en buscar un resarcimiento por daños y perjuicios.
El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, expresó en una conferencia virtual que en la audiencia de Arturo Murillo, exministro de Interior en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que se realizó este lunes en la Corte de Justicia de Miami, se dio a conocer «el acuerdo preliminar entre la Fiscalía y el acusado» para que Murillo pague una fianza de 250.000 dólares.
«Esta fianza debe ser cubierta bajo la regla media con dinero limpio, es decir debe ser demostrada la licitud del dinero con el cual el señor Murillo debería pagar esta fianza», sostuvo Chávez.
El procurador aclaró que este acuerdo no puede ser apelado, ya que en esa etapa procesal «la víctima», en este caso la Procuraduría General del Estado, no tiene una participación dentro del proceso.
«Nos vemos impedidos de apelar esa decisión que se va ejecutar seguramente en unos días más», indicó Chávez.
Agregó que están realizando un «seguimiento permanente» del caso que es «de prioridad» y que están pendientes sobre la situación del exministro boliviano.
Murillo es acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y corrupción por un caso de presunto soborno en la compra de material antidisturbios en 2019 con sobreprecio.
Se prevé que la próxima audiencia del exministro de Áñez sea el 9 de septiembre, según Chávez.
Por otro lado, el procurador indicó que hace un par de semanas se inició una demanda civil que está en «manos de la autoridad judicial de Florida» con la que se pretende «recuperar» el dinero del sobreprecio en la compra de material antidisturbios que se estima que llega a 2,3 millones de dólares y que se califique los daños y perjuicios por el «grave daño al país».
«Queremos recuperar toda la inversión y el sobreprecio que ha habido y además se califica daño y perjuicio de manera severa tomando en cuenta que han sido pagos realizados ya en época de pandemia cuando el país necesitaba esos recursos para otras reales necesidades», finalizó Chávez.
Murillo fue detenido en mayo en Estados Unidos acusado de corrupción y lavado de dinero, en una investigación sobre el pago de 5,6 millones de dólares para la compra de material antidisturbio en 2019.
Según información que proporcionó el Gobierno de Luis Arce, la empresa Cóndor recibió solo 3,3 millones de dólares, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones en esa adquisición.
La Justicia de Bolivia también investiga este hecho en el que se vincula al exministro de Defensa Luis Fernando López, quien se encuentra en Brasil, según información del Gobierno.
Reacciones
Tras conocer la fianza que deberá pagar Murillo, el expresidente Evo Morales y algunos senadores de su partido, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), consideraron que existe un «favoritismo» al exministro de parte de la Justicia de Estados Unidos.
El expresidente Evo Morales manifestó su deseo de que Murillo sea juzgado por la Justicia de Bolivia y no en Estados Unidos.
«Nuestro pedido es que no haya protección en Estados Unidos», indicó Morales.
El senador del MAS, Adolfo Flores, expresó que «las instituciones de Justicia en el país deben analizar» la determinación de la Justicia estadounidense ya que «existe la posibilidad de favoritismo» con Murillo.
De la misma manera, el senador oficialista Félix Ajpi sostuvo que Murillo es el «protegido» de Estados Unidos ya que respondió a los intereses de ese país en el que considera fue un «golpe de Estado» en 2019 y que «para disimular» lo tenían preso.