Los productores agropecuarios de Santa Cruz advirtieron este jueves que la seguridad alimentaria en el país está «en riesgo» por acciones como el «cerco» con bloqueos de rutas que cumplen en esa región sectores afines al oficialismo en contra de la huelga por el censo poblacional en 2023.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó en un comunicado que la cadena productiva y de abastecimiento de alimentos «está prácticamente paralizada».
«Existen acciones visibles, como amenazas y amedrentamiento con toma de propiedades privadas, falta de circulación de combustible e insumos, el cerco al departamento de Santa Cruz, limitación de gas en la industria y restricciones a las exportaciones», indicó.
Estas acciones «atacan directamente» a la economía, al «presente y al futuro» de la alimentación de las familias bolivianas, con resultados negativos en un corto y mediano plazo, advirtió la CAO.
«A medida que la situación actual no se soluciona se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores que en todo momento buscan el abastecimiento oportuno para toda la población nacional», sostuvo el gremio.
El sector agropecuario enumeró entre los perjuicios sufridos la muerte de un millón de pollos, pérdidas por el equivalente a unos 2,2 millones de dólares solamente en el sector lechero y 2 millones de hectáreas «en riesgo» que no se pueden sembrar por falta de combustible o circulación.
Además de una afectación directa contra 115.000 unidades productivas pequeñas, medianas y grandes en todo el departamento cruceño.
Ante este panorama, los productores señalaron la necesidad de que las autoridades «pongan sus buenos oficios» para que se permita la circulación de alimentos y establezcan «mecanismos de seguimiento y protección» para garantizar la seguridad alimentaria en el país.
También consideraron necesario que haya un diálogo entre las autoridades políticas y líderes civiles para resolver el conflicto «dejando de lado posturas radicales e intransigentes» y se dé «certidumbre a un país en constante conflicto» e «inseguridad social».
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Luis Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
Esa región cumple una huelga ciudadana desde hace 13 días para exigir que el censo poblacional se realice en 2023 con la aplicación de sus resultados en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.
En respuesta a la huelga, sectores afines al oficialismo iniciaron hace unos diez días un «cerco» con bloqueos de carreteras que ha aislado y dejado sin alimentos y combustible a la región, al considerar que las protestas por el censo buscan desestabilizar al Gobierno nacional.