Este domingo tres de mayo, los bolivianos teníamos que haber acudido a las urnas para elegir a gobernantes constitucionales, pero la pandemia de coronavirus, y la emergencia sanitaria obligatoria y acertada, postergó las elecciones, alternativa que en principio fue acordada y acatada por todas las fuerzas políticas que pugnan por el poder. Lamentablemente, el MAS pateó el tablero y decidió unilateralmente dar plazo perentorio para que se realicen las elecciones, sin importar los riesgos a la salud de la ciudadanía, generando un nuevo conflicto político que divide a los bolivianos en por lo menos tres posiciones que ahondan la incertidumbre.
Anteriormente todas las fuerzas políticas que participan del proceso electoral habían coincidido en que las elecciones deben realizarse lo antes posible, condicionando la fecha a que no se ponga en riesgo a la población por la epidemia de COVID-19. Pero el MAS se salió del acuerdo que inicialmente tenía consenso y aprovechando su mayoría parlamentaria en el Senado aprobó una Ley, cuestionada de nula, determinando que las elecciones tienen que realizarse antes de 90 días, a partir de la promulgación de la norma. La presidenta Añez sin tomarse un lapso de 10 días para analizar el caso, en forma inmediata la vetó. Porque de acuerdo a abogados constitucionalistas la senadora Eva Copa no tiene facultad ni prerrogativa constitucional para Promulgarla porque no es presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación vuelve a enfrentar al gobierno y al pueblo con el Movimiento Al Socialismo y genera otra polarización que pone en vilo el proceso democrático. La posición del «masismo» fue cuestionada también por otros candidatos que tercian para comicios, quienes están de acuerdo que haya elecciones, pero no a costa de poner en riesgo de contagio del coronavirus a la población.
Los políticos demócratas son conscientes de la necesidad de la preservación del sistema democrático, así como de la necesidad de dar estabilidad, ya que el país está desde hace más de cinco meses con un gobierno transitorio, que tiene un mandato específico, pero que tuvo que asumir otras responsabilidades que no podían esperar, como atender la salud de la población frente a una pandemia que ya ha cobrado la vida de decenas de bolivianos, y ha infectado a por lo menos 1.400 personas. Como consecuencia de esta situación ha sido necesario determinar una serie de acciones para paliar la crisis económica y política que se ha producido por la paralización obligada del país y agravada por los aprestos desestabilizadores de los partidarios del expresidente asilado en México y posteriormente aparecer como refugiado político en Argentina, no obstante que está en trámite su pedido.
Desgraciadamente, algunos políticos bolivianos vuelven a demostrar que anteponen sus intereses partidarios antes que el bienestar ciudadano o el respeto por la vida de seres humanos y el sistema democrático. Por ello la ciudadanía duda de la sinceridad de los políticos que lanzan arengas de servicio al pueblo, pero en los hechos solamente buscan su satisfacción partidaria o personal. Estas actitudes demuestran que la ambición de poder pesa más que la salud de la población. El Movimiento Al Socialismo expuso su verdadera naturaleza, reiterando su estrategia que mantuvo durante 14 años, utilizando su mayoría parlamentaria para aprobar medidas dictadas desde fuera del palacio legislativo, y respaldarlas con presiones desde las calles, con amenazas, bloqueos y violencia, en busca de imponer sus condiciones. Esta forma de actuar fue repetida al presente, aunque la capacidad de movilización de este partido se ha visto debilitado.
Como respuesta el gobierno, que preside la Presidenta Jeanine Añez, cuestiona legalmente la determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de fijar plazo para las elecciones, y esta nueva confrontación atiza la crisis política que puede ahondarse en las actuales circunstancias ya que se acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por considerar que la presidenta del Senado, Eva Copa, no actuó dentro del marco legal al promulgar la Ley , que de acuerdo a los Abogados Constitucionalistas Wenceslao Jáuregui, Wilber Cabrera Ríos, Javier Albarracín, es nula de pleno derecho.
A ello se suma que, desgraciadamente, los temas que enfrentan a los políticos, siempre derivan polarizando a la población del país. En ese ambiente tenso y de discordia se ignora algo mucho más importante que el pueblo reclama, y es un acuerdo nacional que permita unir fuerzas para defender el sistema democrático y evitar que nuevamente se vulnere la voluntad ciudadana, y al mismo tiempo se pueda luchar coordinadamente contra el coronavirus. Las fuerzas políticas verazmente democráticas deberían buscar consenso y mirar más allá de la ambición del poder.