Dirigentes de la Federación de Propietarios de Bienes Inmuebles afirman, que «solo en materia laboral y de favorecimiento a condenados en lo penal», la Ley es retroactiva, pero no en materia civil comercial, por lo que la propuesta del diputado Víctor Borda es inconstitucional y atenta contra el derecho a la propiedad privada consagrada en la CPEP.
Franklin Poope, manifestó que es una posición política de Víctor Borda y de los dos tercios del MAS para captar votos para las elecciones, que perjudicaría a quienes de buena fe firmaron contratos elevados a público, entre inquilinos y propietarios y se pone en inseguridad jurídica a las partes.
La dirigente de dicha Federación Nora Claros, expresó que está en peligro la propiedad privada en Bolivia porque antes que intentar ser una norma que favorezca a los inquilinos es una pose política del masismo para atraer votos para su candidato y que el pueblo la rechaza porque generará problemas, no solo judiciales sino personales. El MAS busca que haya enfrentamiento entre bolivianos para beneficiarse en el caos, advirtió.
Invocó a los propietarios de bienes inmuebles se autoconvoquen para salir en manifestaciones de protesta en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no tiene legitimidad constitucional porque en fecha 22 de enero de 2020 feneció su mandato.
Al respecto abogados del foro paceño indicaron, que el proyecto no tiene rango de Ley toda vez que la presidenta Jeanine Añez no la promulgó y la puede objetar, vetar, fundamentando que los contratos de alquileres son entre privados y que la propiedad privada está garantizada por la Constitución Policía del Estado, haciendo hincapié que, es contradictoria la propuesta de Borda porque primero espera que «las partes se pongan de acuerdo para alguna rebaja» y luego señala que «la Ley reconoce que los contratos de alquileres son entre privados» y sobre el tema de impuestos a las alcaldías se podrá «sujetar» a conversaciones.
Se debe devolver a la presidenta del Senado para que ponga en claro si dicha norma no viola el derecho de propiedad privada y los acuerdos, contratos, firmados, de buena fe que determina el Código Civil, expresaron.
Al respecto el analista Lic. Franklin Pareja manifestó que sería una norma intervencionista, inconstitucional, que atentaría contra la propiedad privada establecida en la CPEP y en el Código Civil.