Unas cuarenta naciones que obtienen préstamos de los mercados de capital han experimentado degradaciones de calificación para la deuda soberana desde el inicio de la pandemia, de las que seis son países desarrollados, 27 son mercados emergentes y nueve países figuran en la lista de los menos adelantados. Bolivia, desgraciadamente figura entre los Estados que tienen una calificación negativa, que puede influir en la capacidad crediticia y hasta en la negociación sobre los intereses.
Naciones Unidas afirma que las medidas tomadas mundialmente para prevenir la crisis de deuda tras el COVID-19 no han sido suficientes para restaurar la estabilidad económica en muchos países en desarrollo, Un nuevo informe del Secretario General de la ONU, António Guterres asegura que, a más de un año del inicio de la pandemia, los impactos fiscales de la crisis están provocando problemas de deuda en un número creciente de países y están limitando severamente la capacidad de muchos para invertir en la recuperación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la acción contra el cambio climático.
Las rebajas de calificación soberana hacen que aumenten los costos de los préstamos, especialmente para los países en desarrollo, lo que, a su vez, puede aumentar el riesgo de que más naciones asuman una deuda insostenible, especialmente si la pandemia de COVID-19 es más prolongada de lo esperado.
«A menos que tomemos medidas decisivas sobre los desafíos de la deuda y la liquidez, corremos el riesgo de otra ‘década perdida’ para muchos países en desarrollo, poniendo definitivamente fuera de alcance el logro de los Objetivos para la fecha límite de 2030», expresa Guterres.
El informe de política, Soluciones de liquidez y deuda para invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace un balance de la respuesta de política global desde abril del año pasado, evalúa las brechas y desafíos restantes para su implementación, y propone actualizaciones a las recomendaciones, presentadas el año pasado, a la luz de los acontecimientos de los últimos 12 meses.
Varias crisis en el pasado han dejado claro que las agencias de calificación no suelen alertar sobre escenarios de debacle económica cuando es pertinente hacerlo. Al contrario, han contribuido a exacerbar las crisis mundiales, con un impacto particularmente grave en las economías en desarrollo, dice la experta de la ONU en deuda y derechos humanos, Stuart Price, urgiendo a reformar esas empresas financieras y suspender la emisión de calificaciones durante la crisis del COVID-19. Pero en los hechos estos informes están en la base de datos de los organismos crediticios e influyen en sus decisiones.
La agencia estadounidense S&P Global Ratings cambió la perspectiva de calificación de riesgo de Bolivia de estable a negativa. La valoración se sustenta en la caída del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento del endeudamiento externo y el elevado déficit fiscal. Inclusive es posible que baje la calificación de riesgo país, debido a la acumulación del déficit fiscal y comercial. Generalmente, se consideran señales de riesgo cuando se presentan situaciones como la de Bolivia, que disminuyó sus ingresos tradicionales, y está apelando a la utilización de las reservas Internacionales Netas (RIN), a la vez que crece la deuda externa, S&P Global Ratings considera que el incremento de la deuda externa probablemente llegue al 50 por ciento del PIB en 2021. «Las debilidades institucionales, caracterizadas por una toma de decisiones centralizada, una débil independencia de las instituciones, controles y equilibrios bajos y un panorama político polarizado, limitan la visibilidad de las políticas futuras», dice el documento publicado por la calificadora.