El actual estado de la justicia y del Ministerio Público en nuestro país, merece la preocupación y el concurso decidido de todos para restablecer el imperio de la Ley, sostener el proceso democrático y proteger los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, así como los bienes y recursos del Estado.
La justicia se encuentra en shock en la actualidad, pero todavía se apoya en la estructura política que dejó el anterior régimen.
El Gobierno de transición mostró preocupación por esta realidad, pero las acciones que ha emprendido hasta ahora, son epidérmicas. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se alista una querella contra todos los involucrados en el montaje del denominado caso Terrorismo, entre ellos Evo Morales, Álvaro García, Raúl García, Juan Ramón Quintana, policías y otros. Por otro lado, dijo que el Estado corre un gran riesgo por las demandas internacionales que recibirá por la irresponsabilidad de gente que hizo de todo por mantenerse en el poder.
Murillo también pidió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, realizar una «purga» en el Ministerio Público.
«El Fiscal General ha sido nombrado en el Congreso, tiene que limpiar su nombre y limpiar las Fiscalías de Distrito del país», afirmó y solicitó a Lanchipa cumplir sus funciones y despedir a los «malos fiscales», los mismos que, dijo, «fueron puestos a dedo» por el anterior Gobierno.
Simultáneamente, se presentó ante la Asamblea Legislativa la petición de un juicio de responsabilidades en contra del Fiscal General del Estado, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes en el caso de la petición del sello azul a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el expresidente Evo Morales.
El anterior régimen ha hecho desaparecer todo vestigio de independencia de la justicia, y ha destruido el estado de derecho en el país. Son muchas las señales de esta situación que vulneran principios básicos de un sistema democrático, como la separación de poderes, o el incumplimiento de funciones en los mecanismos de fiscalización.
Es una versión objetiva basada en hechos. Recordemos que al hacer evaluación de la gestión 2017, el decano del Consejo de la Magistratura (CM), Omar Michel, informó que durante esa gestión el sistema de administración judicial conoció siete mil denuncias contra operadores de justicia: jueces, vocales y otros funcionarios, y que veinte jueces fueron destituidos por faltas gravísimas. Pero esas cifras, aunque parezcan escalofriantes, quedan bajo interrogantes si se toma en cuenta que en los pasados seis años hubo más de 18 mil denuncias y una sola destitución.
Ese es el estado de la justicia y del Ministerio Público en nuestro país, que merece la preocupación y el concurso decidido de todos para restablecer el imperio de la ley, sostener el proceso democrático y proteger los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, así como los bienes y recursos del Estado.