El narcotráfico en Bolivia se ha potenciado en los últimos 14 años consolidando al Chapare como un territorio impune, según informes de organismos internacionales.
En varias oportunidades, durante el anterior gobierno, grupos de cocaleros hacían la labor de «seguridad», impidiendo el ingreso de periodistas de los medios de comunicación o investigadores. En otras se ha expulsado a la policía y a fiscales. Muchas veces se ha calificado a esta región como «zona roja» y hasta como una «republiqueta» donde no se respeta la Ley e impera la violencia.
La dirigencia cocalera impone las normas de convivencia. Esta situación no es un secreto para nadie y requiere que se restablezca el imperio de la Ley.
Plantear el problema y sugerir soluciones lo han hecho organismos especializados e investigadores, pero lograr que se apliquen las recomendaciones hasta la fecha ha sido una tarea infructuosa, porque existía durante el gobierno del MAS una relación directa entre cocaleros y autoridades de gobierno. Hoy las condiciones son diferentes y es posible que se logre avanzar, mediante el brazo de la Ley y el accionar en el marco constitucional. No existe otro camino, responder a la violencia con más violencia ha fracasado en México y Colombia. El ministro de gobierno, Arturo Murillo, reveló que pidió al ministro de Defensa, Fernando López, «meter aviones de guerra al Chapare», si hay una arremetida más fuerte «de parte de los narcotraficantes». El pedido obedece a un nuevo ataque a una escuadra de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la localidad de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.
El ministro Murillo aseguró que la emergencia sanitaria por el Covid-19 (coronavirus) en Bolivia, nunca detuvo los operativos realizados para frenar el narcotráfico. Dijo, además, que «la mayoría de los chapareños son presos de los dirigentes y narcotraficantes».
Recordemos que este nuevo ataque se produjo durante una incursión de la patrulla para intervenir un laboratorio de cocaína, pero fueron recibidos a balazos. Como resultado de este hecho se informó que hay detenidas dos personas.
En criterio de estrategas contra los fuera de la Ley, el gobierno de transición hace lo que puede porque la tarea es complicada, y ante la situación de emergencia sanitaria, y frente a la reiterada prepotencia, probablemente el ministro de gobierno hizo el pedido de utilizar la aviación. Pero tiene que haber otras formas para enfrentar el desquicio que existe en el Chapare. Hubo un anuncio en sentido de que en dos meses se tendrían datos de quiénes se dedican directa e indirectamente a la ilícita actividad del narcotráfico en el Chapare. El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, durante una entrevista con el canal de televisión estatal, informó «que hay en curso una labor de Inteligencia que dará los datos que espera el Gobierno».
El funcionario dijo que en 14 años no se ha hecho ningún estudio en el Chapare, sobre «quién se dedica a qué, entonces en estos cuatro meses (de gobierno) se está recopilando información, tenemos mecanismos de inteligencia que están trabajado en ello» aseveró a tiempo de señalar que no cree que el 100% de la población del Chapare se dedique al narcotráfico, «son pocos los que están en esta actividad», señaló.
De contarse con esa información se podrá actuar al amparo de normas legales. También debe aprovecharse la experiencia de la lucha contra el narcotráfico en México y Colombia, y la que se desarrolló en nuestro país en el pasado, que permiten dudar de la efectividad de considerar como única vía la represión. No ha dado resultados positivos considerar al narcotráfico solamente como un problema de seguridad que hay que combatir por medios eminentemente policíacos y militares. Los expertos consideran que se trata de un tema mucho más delicado que implica la salud pública.
La información disponible demuestra que resultaron cuestionables los argumentos que en su momento se manejaron como justificaciones de la lucha contra las drogas. Según conclusiones de organismos especializados, las medidas adoptadas, además de no haber cumplido los objetivos, han generado una serie de consecuencias funestas y unos costos materiales y humanos que difícilmente se compensan con los logros.
El desalojo recurrente de la policía en el Chapare, los ataques a las patrullas que luchan contra el narcotráfico que crece en esa región, son señales preocupantes que merecen una respuesta decidida, enmarcada en normas legales y los principios de la necesidad del Estado de precautelar la salud y seguridad de la comunidad nacional.
A veces hay que comprender que no se requiere vencer sino convencer, pero cuando la irracionalidad de quienes no respetan la autoridad que emana de la CPEP, se torna peligrosa es necesario aplicar el Código Penal.