La disolución del Congreso por parte del presidente de Perú, Martín Vizcarra, sometió el lunes al país a una gran incertidumbre, con la oposición que ve un golpe de Estado y en donde el fujimorismo y sus aliados políticos prometen que intentarán destituir al mandatario.
Vizcarra optó por disolver el Parlamento en uso de un artículo de la Constitución que se lo permite si el Legislativo censura dos veces al Gobierno dentro del quinquenio para el que ha sido elegido.
El presidente entendió que esto ocurrió cuando el Congreso se negó a tramitar debidamente este lunes una cuestión de confianza que presentó para frenar la renovación exprés del Tribunal Constitucional impulsada por la oposición.
Pese a la advertencia y al hecho de que el Gobierno planteó esa medida como una política de Estado, en la práctica el Congreso desvirtuó ese proyecto, que estaba orientado para evitar que el fujimorismo y sus aliados pudieran copar el alto tribunal y echar al traste toda la política anticorrupción emprendida por el Ejecutivo.
Ante esta situación, el escenario político de Perú puede encaminarse hacia las siguientes situaciones:
1.- Nuevo gobierno, nuevas elecciones.
La «negación fáctica» de la cuestión de confianza implica la dimisión al completo del Consejo de Ministros liderado por el primer ministro, Salvador Del Solar, por lo que Vizcarra deberá nombrar uno nuevo este martes y convocar a nuevas elecciones legislativas para funcionar hasta el fin de la vigente legislatura en 2021.
Hasta que se realicen las nuevas elecciones en aproximadamente cuatro meses, el Ejecutivo mantiene sus facultades mientras que en el Congreso se queda la comisión permanente, formada por 26 legisladores y con competencias reducidas.
2.- Destitución de Vizcarra.
Tras conocer la disolución del Congreso, el fujimorismo, que controla el Parlamento con mayoría, inició un procedimiento para destituir a Vizcarra por «incapacidad moral», decisión que aparentemente no tendría validez porque el pleno del ente legislativo ya está inhabilitado por el mismo mandatario.
En caso de escenificarse esa destitución, que necesita 87 votos de 130, la vicepresidenta Mercedes Aráoz podría declararse sucesora de Vizcarra, al igual que él hizo cuando dimitió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Recientemente, Aráoz se separó del grupo parlamentario oficialista por desavenencias con el presidente.
3.- Dimisiones de Vizcarra y Aráoz.
Desactivado el Congreso, que durante más de tres años asfixió a los distintos Gobiernos que se sucedieron en ese tiempo, otra posibilidad es que tanto Vizcarra como Aráoz dimitan como presidente y vicepresidenta, respectivamente, para dar inicio a una regeneración total de ambos poderes Ejecutivo y Legislativo.
Eso llevaría a que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, asumiese la jefatura del Estado y convocase nuevas elecciones, algo complicado que ocurra, pues Aráoz, que también es congresista, ya manifestó su oposición a dimitir de su cargo.
4.- La justicia tiene la palabra.
Para ambas partes queda también la Justicia, que puede dirimir cuál de las dos ha actuado correctamente en esta crisis institucional, en la que Vizcarra tomó la irreversible decisión de disolver el Congreso al considerar que no se había dado prioridad a la cuestión de confianza sobre la elección del Tribunal Constitucional como les había pedido a los legisladores.
Aquí la clave será determinar si Vizcarra tuvo razón al interpretar como denegada la cuestión de confianza que presentó dada la política de hechos consumados que aplicó el Congreso, que efectivamente anuló el contenido de su propuesta, o si tuvo que haber esperado a que los diputados votaran abiertamente y expresamente en contra.
El hecho de que la oposición intentara cerrar las puertas del Congreso al primer ministro cuando acudió a presentar la cuestión de confianza, y que se produjera un presunto fraude en la votación del primero de los nueve candidatos a renovar el Constitucional, también le añade argumentos legales complejos para dilucidar este asunto.
5.- Tribunal Constitucional en el aire.
Un posible litigio por la vía legal -que parece inevitable- tendrá en última instancia que ser resuelto en el Tribunal Constitucional, el órgano que ha sido detonante último de esta crisis.
En estos instantes, el TC cuenta con un nuevo miembro escogido este lunes durante una tormentosa sesión parlamentaria por el Congreso que puede cambiar a favor del fujimorismo el balance de fuerzas dentro de esta corte.
Pero precisamente falta por ver, también en los tribunales, si es válida la elección del nuevo miembro de este órgano, Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, después de que un juzgado aceptara a trámite, pero aún no resolviera, un recurso para anular la sesión que terminó con su elección.