Qué pasó a los activistas del 21F

La palabra política tiene varias acepciones, algunas complejas y otras simples, que coinciden en señalar que comprende toda actividad humana dirigida a la toma de decisiones que tienen que ver con los intereses de una comunidad. Del bien común.

Está en la forma de gobernar un país, en las soluciones a situaciones conflictivas, en la salud pública, salarios, trabajo, educación, actividad económica, medioambiente, seguridad, etc.

Enfrentar problemas determinados requiere de acciones políticas específicas.

En la actualidad el país enfrenta problemas políticos y de salud que repercuten en todas las actividades, la inseguridad e incertidumbre se ha agravado, el propio gobierno ha ofrecido datos sobre el descontrol en el Chapare, el fortalecimiento del narcotráfico, la depresión económica, etc.

Por ello surgen interrogantes sobre las acciones del actual gobierno de transición en diferentes campos, pero también sobre el silencio de quienes integraron, como activistas, el 21F, que se advierte están en cargos de la administración pública particularmente en el ministerio de educación que se ha convertido en frente de discordia entre el ministro y el magisterio y padres de familia. A ellos, es pertinente preguntar ¿se enfrenta eficientemente al coronavirus en el país? ¿cuál su responsabilidad sobre los daños que se sufre con la destrucción del aparato productivo nacional y el colapso económico? ¿qué respuestas integrales tienen?

Quizá no sea tarde para que se efectúe un estudio analítico académico a cargo de especialistas y expertos en varias ramas -tal vez desde las universidades- que permita orientar al gobierno y establecer si la acción adoptada fue acertada o se debe rectificar.

Además, es comprensible que esto ocurra a un esquema de gobierno que nace de una circunstancia muy particular, que precipitó cambios imposibles de concebir el 20 de octubre, del año pasado, pero que se convirtieron en realidad un mes después con la renuncia de Evo Morales, que se había apoderado del poder durante más de 14 años y pretendía seguir en el gobierno mediante un fraude electoral contemplado en informes de la OEA.

La presión de una ciudadanía sin colores políticos, entre ellos los activistas del 21F, dejó sin argumentos al régimen del MAS y sus principales cabecillas fugaron rumbo a México.

De esa manera se abrió una coyuntura apropiada para la recuperación del proceso democrático deformado por el régimen anterior. Está oportunidad está siendo desaprovechada. Se ha distorsionado el objetivo de recuperar el sistema democrático. Se ha manejado mal la propicia coyuntura, se corre el riesgo de una reversión. El nuevo gobierno que surgió en noviembre tenía respaldo, inclusive con el reconocimiento y admisión del «Nuevo MAS» en la Asamblea Legislativa. Hoy, la debilidad del gobierno hace que la Asamblea Legislativa (prorrogada inconstitucionalmente) haya asumido un rol protagónico; hay regiones que abiertamente transgreden el ordenamiento normativo, realizan actividades ilegales. En el Chapare y otros lugares impera la violencia. La señora Jeanine Áñez preside un gobierno legalmente constituido que tiene toda la autoridad, legitimidad y respaldo moral para hacer uso del poder, aplicar las normas y hacer respetar la institucionalidad. Pero no lo hace. La situación es delicada y requiere de decisiones en el marco de políticas de estadistas. El país reclama que todos los bolivianos trabajen por el bien común y permitan una salida consensuada plenamente de las elecciones preservando el proceso democrático, para salvar a los ciudadanos del acoso de la violencia, la irracionalidad, el fanatismo y el desenfreno de los grupos radicales que han deteriorado la institucionalidad durante los últimos 14 años.

Los del 21F, se mantienen callados sobre las actitudes obstruccionistas de la ALP. ¿Será porque ahora tienen «pegas» y ese es el fin que justifica su silencio?