Ha generado una expectativa sobredimensionada la presencia en Bolivia del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, se trata de una reacción generalizada basada en la esperanza porque se logre solucionar la peor crisis judicial de la historia nacional. Los medios de comunicación han reflejado esta expectativa sobre la que se pronunciaron centenares de juristas, especialistas, académicos e instituciones sociales, cívicas, políticas y otras personalidades vinculadas a la justicia y las leyes. Pero, ¿qué se espera que suceda? En realidad el enviado especial elaborará un informe sobre el que el gobierno no está obligado a nada. Tal vez efectúe algunas recomendaciones como reestructurar el sistema judicial, hecho en que coinciden el gobierno, la oposición y todo quien tenga algo de sentido común.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) también efectuó un informe sobre los hechos de violencia de 2019 y recomendó una serie de medidas, de las que la única que hizo eco en el actual gobierno fue anunciar la intención de reorganizar el sistema judicial. Lo que no se toca es el problema de fondo que es la injerencia política sobre la justicia que es la causa de la crisis, es decir, el sometimiento de los jueces, fiscales y todo el sistema al gobierno central. ¿Y quiénes son los responsables de crear las condiciones para esa dependencia? Todo se origina en la forma de elegir a los magistrados bajo el control del gobierno del MAS.
Todos los juristas e instituciones coinciden en que el origen de toda la mala administración y la falta de independencia de la justicia, se debe a la forma de elegir a los magistrados del Órgano Judicial. La selección de postulantes fue efectuada por el MAS y bajo las actuales normas lo seguirá haciendo. Todos los candidatos a magistrados, jueces, fiscales etc., que pasan la fase de preselección y se postulan a la elección por voto popular le deben el favor al MAS. Esos magistrados agradecidos al poder político, actúan bajo consignas políticas. Un ejemplo claro es la forma como los miembros del Tribunal Constitucional, han sido los que en contra de la Constitución Política del Estado, validaron un proyecto de Ley de Aplicación Normativa, para habilitar a Evo Morales a una nueva reelección ilegal. Con el mismo procedimiento se logró burlar la voluntad popular reflejada en las urnas en el referendo que rechazó una nueva reelección de Evo Morales. Esta vez el TCP dijo que prohibir una nueva reelección atenta contra los derechos políticos de Morales.
Pero las maniobras no solamente son para favorecer la continuidad del MAS en el poder, como la manipulación en las elecciones de 2019 con un monumental fraude comprobado por la OEA. Su actuación va más allá como un instrumento que cubre los hechos de corrupción. Así quedaron estancados decenas de casos entre ellos el desfalco en el Fondo Indígena que, pese a las evidencias, los principales responsables están libres y no se recuperó el dinero que se estima en unos 170 millones de dólares. En la misma situación quedaron las denuncias sobre malos manejos, sobreprecios y proyectos sobredimensionados y otros que están paralizados o archivados en el sistema judicial.
Desgraciadamente, los males no se frenan en tender un manto a las acciones ilegales del gobierno y de los funcionarios, ya que los más perjudicados son los ciudadanos que por diversas causas tienen la desgracia de llegar a los tribunales, donde los consorcios de jueces, fiscales, abogados, políticos, forenses y otros funcionarios y técnicos han puesto precio a las sentencias y hasta a la vida y libertad de la gente. En estas condiciones, la liberación de criminales y el castigo a denunciantes no tiene por qué extrañar a nadie, y el Relator solamente podrá informar.
Si alguien piensa que el Relator de Naciones Unidas aportará mecanismos para la solución de estos males, está muy equivocado. Su informe y sus conclusiones, aunque fuesen «objetivas», como los juristas e instituciones pidieron, no tienen carácter vinculante por lo tanto el gobierno es libre de tomar en cuenta o hacer lo que hasta ahora ha hecho, poner la justicia a su servicio. Recodemos que el gobierno ya efectuó tres reformas al sistema judicial, mismas que terminaron en fracaso y precipitaron la actual crisis. Dejar en manos del MAS una nueva reestructuración seria otra burla. Lo único que se puede esperar es que tal vez se cambien algunos jueces y fiscales por otros más identificados con el sistema político. ¿Alguien querrá nuevos protagonistas bajo la misma dependencia? Mientras tanto el gobierno utiliza la justicia para reprimir a la oposición a plena vista del Relator y de los organismos internacionales. La agilidad en los procesos a los opositores hasta inventando causas contrasta con la lentitud por atender las denuncias contra el oficialismo. Ojalá estuviésemos equivocados y la esperanza de soluciones, que en estos momentos mueve a la ciudadanía, se haga una realidad.