El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, presentó ayer ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, una denuncia formal contra los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; y el Procurador General, Pablo Menacho; además de la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi y la exsubprocuradora, Cristina Llorenti, así como contra los fiscales, Edwin Blanco y Fabio Maldonado, y por el caso Quiborax.
Santamaría llegó acompañado de sus colegas, Grover Huanca y Rafael Quispe, para presentar su denuncia, con «información actualizada sobre las circunstancias que han emergido en el último tiempo en relación al caso Quiborax».
La denuncia penal ha sido formulada en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Minería, César Navarro, del Procurador General del Estado, Pablo Menacho; de la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi y la exsubprocuradora, Cristina Llorenti.
Asimismo, contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco y el fiscal de Materia, Flavio Maldonado, ambos determinaron el desistimiento del proceso en contra de ocho miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax, quienes fueron absueltos de los cargos de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y fraude.
«Estamos aparejando solicitudes de oficio, estamos pidiendo a la Fiscalía General del Estado, requiera a varias instituciones, desde la ex Superintendencia de Minas, hasta la actual Procuraduría General del Estado», indicó Santamaría.
El legislador añadió que ese memorial contiene supuestos nuevos elementos sobre el laudo de la empresa Quiborax en contra del Estado boliviano, como el desistimiento de procesos en favor de ciudadanos chilenos y el pago de 42 millones de dólares.
«Ha quedado en evidencia la pésima defensa del Estado boliviano en este nefasto caso en la que se filtró información, se permitió la competencia de un tribunal internacional de arbitraje, sabiendo que se falsificó documentos y que el falsificador admitió su culpa, pero le pagaron de forma irresponsable más de 42 millones de dólares», sostuvo.
Santamaría señaló que el Fiscal General, Ramiro Guerrero «ya está de salida», porque se cumple su mandato, emperco acotó que si no cumple las normas será pasible a la aplicación de la Ley 024 de Juicio de Responsabilidades.
La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la solicitud del asambleísta opositor.
Bolivia y la sociedad Quiborax S.A. – Non Metallic Minerals S.A. (NMM) se confrontaron en un arbitraje internacional en el Ciadi por la «irregular revocatoria» de concesiones mineras, en 2004, durante el gobierno del expresidente, Carlos Mesa, cuya indemnización se pagó el mes pasado.