El gobierno admitió que el país sufre la segunda ola de la pandemia de coronavirus y anunció algunas medidas restrictivas que deben ser aplicadas por los gobiernos municipales y departamentales.
La decisión se determina cuando se alcanzó el número más elevado de contagios diarios de la COVID-19, mientras la comunidad nacional, desde varios sectores representativos, demanda una mayor atención y la adopción de medidas urgentes y drásticas para proteger la vida y la salud de la población.
El ministro de Salud, Édgar Pozo, reconoció la situación señalando que han «percibido, comprobado que tenemos una muy rápida escalada de casos de la Covid-19 en el país, obviamente estamos en una segunda ola, el gobierno está disponiendo medidas restrictivas que deben ser implementadas por los gobiernos municipales y departamentales».
Pero resulta que las regiones, en el mejor de los casos, disponen apenas del 10% del Presupuesto General del Estado para atender todas sus necesidades, mientras el gobierno central acapara más del 90% del total de recursos del tesoro nacional.
Pero, ¿cuáles son las medidas restrictivas que se anuncian? Según explicación del ministro Pozo, entre las medidas está la del uso obligatorio de barbijo y el lavado constante de manos con agua y jabón durante las horas de trabajo en instituciones públicas y privadas. Para aplicación posterior, dijo que «se reduciría, a través de un instrumento legal, las horas de desarrollo de actividades culturales, deportivas, religiosas. Lo mismo va con peluquerías, centros comerciales, restaurantes, etc.». También observó el incumplimiento a las medidas de bioseguridad en el transporte público. «Ningún conductor tiene que andar sin barbijo y se debe guardar la distancia entre pasajeros con un asiento desocupado», explicó.
Lo que cabe recordar es que esas medidas están vigentes y no se cumplen.
Sin duda, la reacción de gobierno es tardía, e insuficiente, si se toma en cuenta que los especialistas en la materia han alertado desde hace dos meses sobre un inminente rebrote de la epidemia. El gobierno se dedicó a defenestrar al gobierno de transición y sus esfuerzos a liberar de culpa a los que proferían que «la pandemia era un invento de Añez».
Corresponde al actual gobierno proteger a la población frente al rebrote de la epidemia. Se modificó las medidas de prevención que regían en el país, y mediante la disposición D.S.4404, autorizó a ministerios y a las instituciones regionales la reactivación de una serie de actividades deportivas, religiosas, culturales, recreativas y olvidó las sanciones a los transgresores, es más, determinó anular las multas por infringir la cuarentena.
También durante el actual gobierno se eliminó la restricción de circulación mediante número de carnet de identidad, que era una manera de evitar las aglomeraciones.
Ya en ese momento los médicos, los SEDES y algunas instituciones cívicas observaron la determinación por el riesgo de un relajamiento de las medidas de bioseguridad.
Ahora, el Comité Departamental de Salud (Codesa), las Sociedades Científicas y el Colegio de Médicos, pidieron al Gobierno «dictar cuarentena rígida». Se dio a conocer un comunicado conjunto en el que se advierte que los hospitales públicos, de seguridad social y clínicas privadas se encuentran colapsados, mientras varias personas fallecen en sus domicilios. Observan la tardanza en la contratación de profesionales, la falta de insumos, medicamentos, equipos de protección personal y centros de aislamiento. Asimismo, piden que se contrate personal médico y que se cree un bono «vida» para todos los ciudadanos del país.
Sugieren una reunión del Presidente Luis Arce con los profesionales del Comité Científico para encarar la pandemia. También piden la compra de vacunas de manera inmediata, con las garantías y certificaciones internacionales necesarias para el personal de primera línea, así como para la población boliviana.
Advierten que, de no ser escuchados, declararán el colapso de los servicios de salud y la incapacidad en los servicios médicos, suspendiendo la atención a la población para precautelar la vida de los profesionales de salud.
Quienes proferían «que la pandemia del coronavirus es invento político» deben ser procesados porque incurrieron en apología del delito e incentivaron a que la población, sobre todo de El Alto y áreas rurales, no cumpla las medidas de bioseguridad con las funestas consecuencias que todos los bolivianos lamentamos.