El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó ayer que en la acusación particular contra el dirigente Franclin Gutiérrez pedirán la «pena máxima», porque es el cabecilla de una «organización criminal» y autor intelectual de la muerte de un policía en agosto de 2018, además de varios heridos, en una movilización para evitar la erradicación de coca ilegal en La Asunta, en los Yungas de La Paz.
«En el proceso que se sigue a ese señor vamos a pedir la pena máxima, para nosotros es autor intelectual de la emboscada a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuyo resultado significó siete policías heridos por armas de guerra, donde falleció el entonces teniente, Daynor Sandoval», indicó.
Afirmó que Gutiérrez fue identificado plenamente como uno de los responsables de promover la formación de grupos armados para evitar la erradicación de coca ilegal en La Asunta.
Dijo que, según el diagrama de esa organización, estaba encabezada por el hoy preso en la cárcel de San Pedro y entonces dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Yungas (Adepcoca).
Precisó que sobre Gutiérrez pesan varios tipos penales, entre ellos, asesinato, tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego, atentados contra seguridad y medios de transporte, fabricación comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, lesiones graves y leves, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado e instigación pública a delinquir.
Dijo que entre las pruebas «hay un voto resolutivo firmado por Gutiérrez, dando ultimátum a la FTC a salir de La Asunta y que no se responsabilizaba de los muertos, en caso que no dejen la zona y esas amenazas se cumplen, un muerto y siete policías heridos», complementó.
Recordó que cuando se hizo la inspección ocular, los peritos encontraron los parapetos (trincheras) y vainas de armas de largo alcance, donde los grupos armados asesinaron a un oficial de policías e hirieron a los uniformados antidroga.
Además, encontraron envases de bebidas alcohólicas, residuos de alimentos, incluso un colchón inflable que emplearon los grupos armados para resistir la erradicación de coca ilegal.
Precisó que los peritos realizaron planimetrías para establecer distancias y ángulos de los disparos y tomas fotográficas forenses de los lugares estratégicos en los que se situaron esas personas.
«Estos grupos cambiaban de posición para atacar y evitar que las fuerzas regulares se acerquen al puente San Antonio», complementó el viceministro de Régimen Interior y Policía.
Según testimonios de testigos, Gutiérrez, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, se encontraba a 300 metros de las emboscadas.