La presidenta Jeanine Áñez promulgó una ley que reasigna temporalmente el 12 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, unos 200 millones de dólares, para que municipios, regiones y universidades usen esos recursos para la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Áñez anunció a través de su cuenta de Twitter la promulgación de esta ley que tiene como objetivo «resguardar la salud de los bolivianos» y que esos recursos ayuden a la lucha contra la COVID-19, además de beneficiar a las actividades productivas y la seguridad alimentaria.
La «Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del fondo de promoción a la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera» señala que se reasignarán 200 millones de dólares acumulados en ese fondo que irán para las gobernaciones, alcaldías, gobiernos autónomos indígenas y universidades del país.
Los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y para su distribución entre esas entidades se tomará en cuenta una serie de criterios como el nivel de riesgo de cada municipio en el contagio del coronavirus.
Estos recursos deben estar destinados específicamente a actividades de prevención, atención y contención de la COVID-19, como también en equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.
También pueden ser utilizados en un 25 % en programas para la seguridad alimentaria y la provisión de alimentos y otro porcentaje en el fortalecimiento de la producción local que ha sido afectada por el confinamiento, según la norma.
En tanto las universidades pueden hacer uso de esos recursos para el equipamiento de hospitales universitarios, laboratorios y compra de insumos que ayuden a la contención de la pandemia en el país, indica la ley.
Esta reasignación de recursos temporal será hasta diciembre de este año y el desembolso del dinero se puede hacer efectivo en un plazo máximo de quince días desde la promulgación de la norma.